ARTICLE 19 está instando a la comunidad internacional a trabajar con el
Gobierno en las zonas afectadas por el tsunami para garantizar que el
libre flujo de información sea una prioridad dentro de los esfuerzos de
socorro y reconstrucción. En una carta enviada al Grupo de consulta
sobre Indonesia, un consorcio de organismos donantes encabezado por el
presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, la organización pidió al
Grupo “declarar de manera inequívoca que los esfuerzos de reconstrucción
en Indonesia sólo pueden dar fruto con unos medios fuertes y libres, y
que no se tolerarán las violaciones a la libertad de expresión”. (Vea el
texto completo de la carta:
http://www.article19.org/docimages/1895.doc)

En otros acontecimientos, la FIP dice que colectado cerca de USD 100,000
entre sus sindicatos miembro para ayudar a periodistas, empleados de
los medios y sus familias afectados por el desastre. Se donó USD 30,000
en asistencia humanitaria inmediata a la Alliance of periodistas
independientes (Aliansi Jurnalis Independen, AJI). La FIP también firmó
un contrato de proyecto con la AJI para el desarrollo sindical en los próximos
tres años, que incluirán apoyo para reconstruir las operaciones de la
AJI en Aceh.

Visite:
- ARTICLE 19: http://www.article19.org/
- CPJ: http://www.cpj.org/protests/05ltrs/Indonesia14jan05pl.html
- FIP: http://www.ifj.org/default.asp?Index=2896&Language=EN
- BBC: http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4206055.stm
- ReliefWeb: http://www.reliefweb.int

Visite:
- SIP:
http://www.sipiapa.org/espanol/pressreleases/chronologicaldetail.cfm?PressReleaseID=1293
- RSF: http://www.rsf.org/article.php3?id_article=12323
- Informe de RSF sobre Haití:
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=10889
- Informe del CPJ:
http://www.cpj.org/Briefings/2004/haiti_7_04/haiti_7_04.html
- Informe del Grupo de Crisis Internacional:
http://www.icg.org/home/index.cfm?id=3109&l=1
- Reuters: http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/N1J407474.htm
- Democracia Ahora: http://www.democracynow.org/static/haiti.shtml

Los detalles de las muertes, clasificadas por país, se encuentran en el
sitio Web de la WAN en: http://www.wan-press.org/rubrique512.html

Varios miembros de IFEX rastrean el número de periodistas muertos cada año.
Los números varían dependiendo de los criterios que usan los diferentes
miembros. Para ver sus informes, visite:

- Reporteros sin Fronteras:
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=12234
- Federación Internacional de Periodistas:
http://www.ifj.org/default.asp?issue=mainresult&Language=ES&subj=KILL
- Committee to Protect Journalists (Comité para la Protección de los
Periodistas): http://www.cpj.org/killed/killed04.html
- International Press Institute (Instituto Internacional de Prensa):
http://www.freemedia.at/Death_Watch/d_watch_main.htm
——————————————————–

Mientras el nuevo presidente electo de Ucrania, Viktor Yushchenko,
celebra su toma de posesión esta semana, los miembros de IFEX lo están
exhortando a romper con el pasado del país y cumplir sus promesas de
fomentar un ambiente que promueva la libertad de prensa y terminar las
restricciones a los periodistas.

En su carta, RSF dice que Yushchenko declaró públicamente que desea “firmar
un acuerdo con los periodistas para garantizar que el gobierno no
interfiera con las líneas editoriales de los periódicos” y que la
libertad de prensa es “clave para el desarrollo del país”. El grupo pidió
al presidente dar más detalles de estas promesas cuando visite el
Consejo de Europa en Estrasburgo del 24 al 28 de enero de 2005.

Human Rights Watch pidió a Yushchenko que eliminara las acciones
administrativas y jurídicas arbitrarias contra empresas de medios de
comunicación, y pusiera fin al acoso y la violencia contra periodistas.

Mientras tanto, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) dice en
un nuevo informe que Yushchenko, quien prometió durante su campaña
resolver el caso del asesinato de y llevar a los responsables ante la
justicia, debe tratarlo con la máxima prioridad. El informe da una
evaluación exhaustiva de la manera en que el caso de Gongadze se ha
manejado y concluye que el presidente Yushchenko debe iniciar una
investigación pública de las acusaciones de colusión política en la
obstrucción de la justicia.

La FIP también está instando al recientemente electo presidente de la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, René van der Linden, que
vigile los acontecimientos jurídicos en el paisaje de medios ucraniano y
garantice que el Gobierno ucraniano cumpla con su compromiso de
investigar el asesinato de Gongadze.

Visite:
- RSF: http://www.rsf.org/article.php3?id_article=12352
- Human Rights Watch:
http://hrw.org/english/docs/2005/01/21/ukrain10012.htm
- Informe de la FIP sobre el caso Gongadze:
http://www.ifj.org/default.asp?Index=2917&Language=EN
- Consejo de Europa: http://assembly.coe.int/
- BBC: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4204149.stm

Vugar Mammedli, el fundador y editor en jefe de los periódicos “Hurriyyet”
y “Futbol+’,” fue encarcelado por supuesto fraude financiero.

Para enviar una carta, visite:
http://www.ifex.org/en/content/view/full/64027

Para obtener más información sobre los casos, visite:
- IPI: http://www.freemedia.at/Protests2005/pr_Azerbaijan25.01.05.htm
- Committee to Protect Journalists (Comité para la Protección de los
Periodistas): http://www.cpj.org/news/2005/Azer07jan05na.html
- Reporteros sin Fronteras:
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=12250

AMARC también celebrará una serie de debates sobre el papel de los
medios comunitarios y la sociedad civil en la protección de la
diversidad cultural, el otorgamiento de facultades a mujeres y la
ampliación del acceso a la información, y en un foro que se celebrará el
25 de enero en el que periodistas y activistas de la sociedad civil
podrán analizar la situación de la información y la comunicación en el
mundo.

Para obtener más información, visite:
- AMARC: http://www.amarc.org
- ¿Qué es el Foro Social Mundial?
http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/4204829.stm
- Foro Social Mundial http://www.forumsocialmundial.org.br

http://www.laprensa.com.ni/nacionales/nacionales-20050122-12.html

Medios retan a diputados

		Exoneración a medios de comunicación es menor del uno por ciento, pero legisladores insisten en abolirla Sólo la Ley de Bonos al Turismo significa 36 veces más de lo que se exonera a los medios, dice experto
Empresarios, periodistas y un especialista en asuntos fiscales, el Dr. Julio Francisco Báez, participaron ayer en un panel transmitido en cadena nacional.

Ludwin Loáisiga López

Estaciones de radio y siete canales de televisión unieron ayer sus transmisiones entre las 7 y 8:30 de la mañana, para que representantes de medios de comunicación expusieran a la población la importancia que tiene el Artículo 68 de la Constitución nicaragüense, para conservar la libertad de expresión y el derecho a la información.

Mientras, el liberal Enrique Quiñónez sostuvo que representantes de canales televisivos han llegado a denunciar a medios escritos de violentar las exoneraciones, pero tampoco aceptó mencionar casos específicos.

http://www.redvoltaire.net/article3210.html

Colombia: Política
Un proyecto antidemocrático a reelección
RICARDO DE LIMA

La Cámara de Representantes de Colombia, aprobó una reforma constitucional que permite en adelante la reelección inmediata del Presidente de la República.

El martes 30 de noviembre 2004, la Cámara de Representantes de Colombia, aprobó una reforma constitucional que permite en adelante la reelección inmediata del Presidente de la República la cual cobija al actual mandatario, Álvaro Uribe Vélez, quien en su campaña electoral, la cual adelantó durante el año 2001 y el año 2002, manifestó siempre su oposición a la reelección inmediata. Sin embargo y una vez en la Presidencia de la República se ha dado mañas en desmentirse así mismo, al tiempo que contrariando sus eslogans de lucha contra la politiquería y la corrupción, ha impulsado este acto legislativo comprando parlamentarios con el uso del erario público, como ha sido denunciado por miembros de la oposición en el Congreso de la República a lo largo del último año en que se ha tramitado este proyecto.

Los argumentos originales fueron muy poco inteligentes y se reducían en la práctica a un argumento: el presidente Uribe lo está haciendo bien y requiere más de cuatro años para ganar la guerra contra los violentos. Es por ello que sería buenísimo que el presidente Uribe pudiera seguir gobernando como lo expresó su ministro del interior, Sabas Pretelt de la Vega. El debate promovido por la oposición obligó a los impulsores de la reelección a afinar sus argumentos, los cuales podrían ser resumidos de la siguiente manera: (i) para ganar la guerra se requiere dar continuidad a las políticas de seguridad democrática, lo cual sólo se logrará si Uribe puede extender su mandato por cuatro años más, (ii) hemos avanzado en Colombia en materia de cultura política democrática, lo cual hará que haya contrapesos en la campaña electoral, el electorado será quien tenga en sus manos la decisión final, (iii) hay un sistema de contrapoderes y garantías para la oposición, (iv) los organismos de control garantizarán que no se abuse del poder por parte del ejecutivo. Estos son en resumen los argumentos a favor de la reelección inmediata.

El poder del clientelismo

Los argumentos anteriores son sofismas de distracción, pues, en el propio trámite del proyecto de Acto Legislativo se atropelló a la oposición y se violó flagrantemente el principio de la igualdad. En efecto, en el proyecto no se habilitó a los Alcaldes y Gobernadores actuales para que sin perder su condición pudieran también aspirar a la Presidencia de la República. Esta proposición fue negada expresamente en la Plenaria del Senado en el sexto debate y en la plenaria de la Cámara en el octavo debate.

Sobre el abuso del poder y el uso del erario, quedan huellas muy claras en el trámite del proyecto con la compra de parlamentarios para que votaran afirmativamente el acto legislativo. Frente a estas denuncias brilló por su ausencia parte de los argumentos esgrimidos por los ideólogos de la reelección. La justicia hasta ahora ha brillado por su ausencia (sentencia del Consejo de Estado absolviendo a Yidis Medina) y total ausencia de la Procuraduría para establecer un marco de actuación cuando en la Constitución de 1991 se prohíbe expresamente la intervención en política de los funcionarios públicos. A estas alturas la Procuraduría guarda un silencio bastante extraño.

El puntillazo final, que ha provocado una tímida reacción por parte de los parlamentarios conservadores, se dio en la misma semana de aprobación del proyecto de Acto Legislativo. En efecto, el uribismo en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes se negó a discutir y aprobar el estatuto de la oposición que buscaba brindar garantías a la oposición en la campaña del presidente candidato quien utiliza los consejos comunitarios para hacer abierta campaña electoral. El Senador Antonio Navarro ha denunciado que el presidente Uribe ha permanecido durante más de 290 horas en la televisión en lo que va corrido de su mandato. Así pues, no hay equilibrio informativo, se utiliza abiertamente el erario público para defender la causa de la reelección y los organismos de control brillan por su ausencia. De los cuatro argumentos solo resta el de la “madurez política de la opinión pública colombiana” contra la cual atenta diariamente el establecimiento y los medios de comunicación, monopolizados por los principales grupos económicos del país (cinco grupos controlan el 82% del total de los medios de comunicación en Colombia).

Quiénes están detrás de la reelección inmediata

Una mirada más de de fondo sobre las fuerzas reeleccionistas nos dan pistas para entender la conformación del bloque uribista. Durante once años los enemigos de la Constitución Política de 1991 no tuvieron como ahora una unidad de mando. El bloque uribista es enemigo acérrimo de la Constitución Política de 1991 y sobre todo en torno a tres puntos esenciales de la misma. En primer lugar enemigo de la división de los poderes, elemento esencial de un Estado Democrático. Esta división de poderes la ejerce en Colombia el poder judicial en cabeza de la Corte Constitucional. Uribe alienta el resquebrajamiento del poder de la Corte promoviendo el desconocimiento de su jurisprudencia por parte de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Al mismo tiempo ha anunciado un proyecto de Reforma Constitucional para debilitar el control constitucional por vía de tutela y de revisión de los contenidos materiales de los decretos presidenciales en estados de excepción o de conmoción interior.

El bloque que acompaña a Uribe -segundo factor- no está de acuerdo con la organización de fuertes partidos políticos y por esta vía con la independencia del Congreso y el funcionamiento de bancadas, de hecho ha promovido más la fragmentación de su propio partido, el Partido Liberal. Uribe quiere una política mesiánica y alimenta el discurso antipolítico.

Un tercer factor de unidad de los enemigos de la Constitución de 1991, es su carácter garantista y su carácter social con lo cual este bloque no está de acuerdo. Sobre el primer aspecto, promovió e hizo aprobar, aún en contra de la comunidad internacional, un acto legislativo que le confirió poderes de policía judicial a las fuerzas armadas, que le permitía a estas mismas fuerzas interceptar comunicaciones y detener sin orden judicial hasta por 36 horas a los ciudadanos colombianos. En buena hora la Corte Constitucional declaró inexequible este Acto legislativo por vicios de procedimiento. Sobre el carácter garantista del Estado y la militancia contra este carácter está buena parte de las reformas que se han tramitado en el Congreso en contra de los derechos de los trabajadores, de los pensionados y sobre los efectos de los fallos de los jueces que buscan hacer valer los derechos de los enfermos, de las víctimas del desplazamiento, etc.

Así pues, la reelección de Uribe ha logrado conformar un bloque sólido de enemigos de la Constitución Política de 1991 en torno a los valores más tradicionalistas consagrados en la vieja constitución de 1886. Reflejan muy bien los intereses del viejo bloque de terratenientes e industriales y en menor medida de las clases medias urbanas. Lo que se vivirá en el futuro será una gran confrontación política de quienes quieren hacer retroceder la historia y la modernidad para entronizar de nuevo valores añejos de terratenientes y barones electorales. Eso es lo que representa el bloque que rodea las aspiraciones de Uribe a quedarse por cuatro años más, si la Corte Constitucional declara constitucional la reforma.

http://www.redvoltaire.net/article3565.html

No obstante, regular el ejercicio de los medios de comunicación no es en si misma una violación a la libre expresión, como afirman determinados organismos y defensores de los derechos corporativos, sino una obligación de los Estados democráticos bajo el amparo del derecho internacional.

Enrique González, venezolano dedicado a la defensa de los derechos humanos, en un trabajo titulado: La regulación de los medios en el derecho internacional (Noviembre, 2004), dice que: “La violación se producirá sólo si la ley restringe, más allá de lo razonable, el derecho de todas las personas. El problema está en que los que defienden los intereses de los medios, incluidos algunos órganos internacionales de derechos humanos, silencian las disposiciones del derecho internacional que obligan al Estado a regular su ejercicio“. (subrayado nuestro)

Así, frente a los que afirman que el gobierno es el único responsable de respetar, garantizar o satisfacer los derechos humanos, y que solo él puede violarlos, se hace necesario exponer lo establecido por la doctrina internacional, en relación con la responsabilidad de los actores privados.

Visión Bolivariana

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, la revolución bolivariana asume el respeto a los derechos humanos con una visión integral, basados en el principio constitucional de la corresponsabilidad entre el Estado y la Sociedad, razón por la cual los entes privados también deben garantizar el respeto a los derechos humanos de los demás. En este sentido y avalado por el derecho internacional, el gobierno del presidente Hugo Chávez asume su responsabilidad de “regular el ejercicio de la libertad de expresión”, pues ella no es un privilegio sino un derecho de todos los venezolanos.

Al aprobarse la Ley Resorte en la Asamblea Nacional de Venezuela (15-12-04) se busca mejorar las relaciones entre los medios de comunicación y los ciudadanos organizados, bajo el esquema de la corresponsabilidad en la formación integral de niños, niñas y adolescentes, así como en otros aspectos relativos a las programaciones de los medios radioeléctricos.

Legitimidad Internacional

Los procesos de regulación del ejercicio de la libertad de expresión están dotados de plena legitimidad internacional para establecer regulaciones legales, que limiten el poder de los medios para cometer delitos de difamación e instigación a la violencia y para influir en la audiencia infantil y adolescente, de acuerdo a intereses y valores incompatibles con los derechos humanos y con la protección integral.

El Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela, en un comunicado publicado el martes 7 de diciembre de 2004 expresó: “El gobierno soberano de la República Bolivariana de Venezuela ratifica su compromiso con las libertades públicas y los derechos comunicacionales del pueblo, derechos colectivos que -como mandan los tratados sobre Derechos Humanos en el mundo- tendrán preeminencia sobre la libertad particular de alguna persona o grupo. Con la Ley de Responsabilidad Social en Radio y TV empezamos a construir y a ejercitar derechos y libertades individuales y colectivas…”.

Algunas regulaciones

A continuación, revisamos sólo una muestra de las regulaciones internacionales a la actividad de los privados en relación con los DDHH y la Libertad de Expresión.

1. La Relatora Especial sobre venta de niños de la ONU, explica que por mucha resistencia que se ofrezca desde los sectores de poder, “el derecho internacional de derechos humanos hace ya mucho tiempo que impone obligaciones directas al sector privado”. En efecto, “…las entidades privadas, ya sean individuos o empresas, no quedan completamente excluidos de la aplicación del derecho internacional de derechos humanos”.
2. El Relator Especial sobre Libertad de Expresión (ONU) señala que según el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU), son legítimas las restricciones a la libertad de expresión con el fin de proteger la seguridad nacional o el orden público, la moral pública - incluyendo las esferas de la pornografía y la blasfemia, entre otras - y la salud pública - incluyendo “las publicaciones engañosas sobre sustancias que amenazan la salud o sobre prácticas sociales o culturales que afectan negativamente la salud”. En estos casos, “los gobiernos están obligados a adoptar medidas positivas en el interés de la salud pública, de ser necesario, limitando el derecho a la libertad de expresión”.
3. El Comité del Niño ha señalado que “los gobiernos tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para alentar a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés social y cultural para el niño”.
4. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que la libertad de expresión entraña deberes y responsabilidades especiales, razón por la cual puede estar sujeta a restricciones legales (artículo 19).
5. En opinión del Comité de Derechos Humanos de la ONU, “estas prohibiciones, necesarias, son plenamente compatibles con el derecho a la libertad de expresión”. Así, legislar en la materia es una obligación internacional de todos los Estados.
6. La Convención Americana de Derechos Humanos establece en el artículo 13, que la libertad de expresión y opinión no puede estar sujeta a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, pero afirma que la censura previa puede aplicarse para proteger a la niñez y la adolescencia.
7. El Relator Especial de la Libertad de Expresión de la ONU señala que “como la libertad no es un privilegio sino un derecho, su ejercicio por los medios de información exige la consiguiente responsabilidad”.
8. El Comité del Niño ha recomendado a los Estados y a la sociedad a que garanticen que los medios de comunicación desempeñen un papel activo en la educación de la opinión pública y la toma de conciencia, así como el deber de estos de evitar la difusión de imágenes de cualquier forma de violencia.
9. El Relator Especial sobre Libertad de Expresión (ONU) según el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU), son legítimas las restricciones a la libertad de expresión con el fin de proteger la seguridad nacional o el orden público, la moral pública - incluyendo las esferas de la pornografía y la blasfemia, entre otras - y la salud pública - incluyendo “las publicaciones engañosas sobre sustancias que amenazan la salud o sobre prácticas sociales o culturales que afectan negativamente la salud”. En estos casos, “los gobiernos están obligados a adoptar medidas positivas en el interés de la salud pública, de ser necesario, limitando el derecho a la libertad de expresión”.
10. Finalmente, la Corte Interamericana señala que “la protección de los niños en los instrumentos internacionales tiene como objetivo último el desarrollo armonioso de la personalidad de aquellos y el disfrute de los derechos que les han sido reconocidos”; y que “corresponde al Estado precisar las medidas que adoptará para alentar ese desarrollo en su propio ámbito de competencia”.

Ernesto J. Navarro Periodista venezolano Ver los artículos de Ernesto J. Navarro

http://www.lainsignia.org/2005/enero/ibe_056.htm

Mempo Giardinelli
Revista Debate. Argentina, enero del 2005.