Producto híbrido de la revolución hippie del 68 y de las teorías reaccionarias de Friedrich von Hayek, el Cato Institute pasó de la promoción de la libertad sexual y la liberalización de la marihuana a la defensa de los intereses de las multinacionales contra los ecologistas. Se concentró sobre todo en la destrucción del Estado protector y, singularmente, en la privatización total de las pensiones. Uno de sus responsables, el ex-ministro fascista chileno José Piñera, inspiró la reforma que George W. Bush va a aplicar como objetivo prioritario en su segundo mandato.

En 1977 varios miembros californianos del Partido Libertariano (Libertarian Party) [1] crearon un think tank [Centro de investigación, de propaganda y divulgación de ideas, generalmente de carácter político. Nota del Traductor] para promover sus propias ideas: libertad sexual, pacifismo y desmantelamiento del Estado benefactor.

En recuerdo de los célebres panfletos del siglo XVIII contra el colonialismo y la hipertrofia gubernamental conocidos como Cato’s Letters, lo nombraron Cato Institute. Veintiocho años después esta asociación de anarquistas de derecha se ha convertido en una floreciente fundación con sede en Washington, ampliamente subvencionada por varias multinacionales, y se jacta de haber inspirado la reforma de las pensiones (jubilación) que el presidente George W. Bush va a poner en funcionamiento con gran prioridad durante su segundo mandato presidencial.

Fue al dejar la presidencia del Partido Libertariano que Edward H. Crane creó el Cato Institute. Gozó desde el principio del apoyo económico de los hermanos Koch -Charles G. y David H.- herederos del gigante petroquímico Koch Industries. David H. Koch fue candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos por el Partido Libertariano en 1980.

Más allá del simpático discurso sobre la libertad sexual, los derechos de los gays (homosexuales), la liberalización de la marihuana y otras revelaciones del new age, el Cato Institute se perfila rápidamente como un promotor del egoísmo social. Sobre todo, retoma y difunde las teorías de Charles Murray sobre la desigualdad entre las razas [2].

En 1985, la asociación contrató como director a uno de los ex-consejeros económicos de Ronald Reagan y fundador del National Tax Limitation Committee (Comité por la Limitación de los Impuestos). Se concentra entonces en la destrucción del Estado y sus estructuras protectoras heredado del New Deal del presidente Franklin D. Roosevelt promoviendo la supresión del impuesto sobre la renta y la privatización de las pensiones (Social Security) así como de la seguridad social privada de las multinacionales (Medicare) y, seguidamente, de la enseñanza.

Con ese objetivo recluta al economista chileno José Piñera, ex-ministro del Trabajo en el gobierno golpista y fascista del general Augusto Pinochet. Influenciado por los «Chicago Boys» y por el guía de estos últimos, el economista Milton Friedman, Piñera había privatizado bruscamente las pensiones liberando así al Estado chileno de su responsabilidad la más costosa. De esa manera, disminuyó considerablemente los impuestos pero dejó sin retiro (jubilación) a más de la mitad de la población.

Según el diario New York Times, que cita un informe de Lyndon LaRouche, el Proyecto sobre la Elección de los Retiros o Jubilación (Project on Social Security Choice) de José Piñera dio lugar al plan de privatización que presentó George W. Bush en su discurso de 2005 sobre el Estado de la Unión [3].

Poniendo en un altar a Friedrich von Hayek [4], profeta de los libertarianos, y a su discípulo Milton Friedman, el Instituto Cato organizó conferencias en presencia de ambos o sobre la obra económica de estos. El presidente Edward H. Crane y varios responsables del Instituto (Paul Craigs Roberts, James M. Buchanan, etc,) son además miembros de la Sociedad Mont Pelerin, el templo de los libertarianos.

Sin embargo, la respetabilidad de este think tak se ha visto opacada por su racismo biológico y su egoísmo social así como por su nivel de corrupción.

Efectivamente, al recibir sumas millonarias de las multinacionales que lo financian, el Cato Institute dejó de defender ideas para defender intereses. Publicó, por ejemplo, investigaciones sobre la inocuidad del tabaco después de recibir importantes donaciones del fabricante de cigarrillos Philip Morris y criticó el alarmismo de los ecologistas ante el efecto de invernadero después de obtener contribuciones de sus mecenas de Exxon-Mobil.

El aporte del Cato Institute a la administración Bush no se limita a la reforma de los retiros (jubilación) sino que incluye también un paradójico discurso ecologista que confiere a las multinacionales la libertad de contaminar. George W. Bush llegó incluso a poner el Departamento del Medio Ambiente en manos de Gale Norton, ex-redactora de los discursos electorales del dúo Clarke-Koch [5].

Ella se opuso a la ratificación del protocolo de Kyoto para la limitación del efecto de invernadero y luchó por la explotación petrolera de los territorios de Alaska, a pesar de los riesgos que implica esta para el medio ambiente.

El Cato Institute logró imponerse espectacularmente en los medios de difusión a partir de 1998, no porque esa fecha corresponda a un cambio político importante sino simplemente porque el multimillonario Rupert Murdoch, propietario de Fox News y de numerosos periódicos, se enroló en él entrando a su consejo de administración, al cual pertenece también su socio John Malone, distinguido patrón del operador de cable Liberty Media (que controla Discovery y Noos).

En materia de política internacional, el Cato Institute predica el retiro estadounidense de todas las alianzas militares y organizaciones intergubernamentales y se opone a la OTAN -y por consiguiente a las guerras de Kosovo, Afganistán e Irak- al igual que a las instituciones financieras, como el Banco Mundial y el FMI.

Saliendo del simple sector de la denuncia de la hipertrofia del Estado, el Cato Institute desarrolló una fobia contra un posible acercamiento entre Rusia, China y la India que, según él, perjudicaría los intereses estadounidenses. En ese sentido, denunció ampliamente la diplomacia que condujo Evgueny Primakov y la formación de la Organización de Cooperación de Shangai. Simultáneamente, el Instituto organizó coloquios en Rusia y China para predicar el evangelio del libre mercado.

En definitiva, el Cato Institute se convirtió en una poderosa institución, con sede en la capital federal norteamericana. Lo que era un grupo opuesto a los excesos del Estado, se transformó en una organización de defensa de intereses privados y de negación de toda responsabilidad social.

Es por ello que su presidente y fundador, Edward H. Crane, se concentró en la expulsión de los hippies californianos de los años 68 y en la adquisición de una costosa sede en Washington.

Red Voltaire Ver los artículos de Red Voltaire Enviar un mensaje

[1] Partido político estadounidense de pequeño rango. Ver su sitio web: Libertarian Party.

[2] Sobre las teorías de Charles Murray, ver: «El Manhattan Institute, laboratorio del neoconservadurismo», Voltaire, 30 de enero de 20045.

[3] El diario New York Times retoma y hace suyos, palabra por palabra, pasajes del panfleto de Lyndon LaRouche, Bush’s Social Security Privatization-Foot In the Door for Fascism, en un artículo de Larry Rohter, publicado en primera página, el 27 de enero de 2005, «Chile’s Retirees Find Shortfall In Private Plan».

[4] «Friedrich von Hayek, el padre del neoliberalismo», por Denis Boneau, Voltaire, 30 de enero de 2005.

[5] «Gale Norton, ministra de contaminación ideológica» por Paul Labarique, Voltaire, 7 de marzo de 2005.

http://www.redvoltaire.net/article4106.html

“Quiere decir, que la información que nosotros pasamos, por sobre todo, es una información que viene de los sectores que se comprometen con el cambio social, con el crecimiento de una integración de América Latina y, por lo tanto, con los sectores que son confiables, extremadamente confiables como fuente de información”, resalta. Y el reciente reconocimiento por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como una de las 20 mejores iniciativas de comunicación de América Latina sólo comprueba el éxito de la tarea, iniciada hace cerca de cuatro años, en Fortaleza, capital de Ceará, muy distante de los grandes centros económicos y políticos brasileros. En esta entrevista, Allegri dice que el mayor obstáculo, actualmente, para la Agencia es la falta de seguridad económica para perfeccionar el trabajo.

Ermanno Allegri es sacerdote italiano, naturalizado brasilero, que vive en Brasil desde 1974. Fue coordinador de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) y, en 1991, comenzó a realizar actividades pastorales en la periferia de Fortaleza. A partir de 1994, pasó a coordinar las pastorales sociales de Ceará y, en 1995, creó la Agencia de Noticias Esperanza (Anote), para introducir las actividades de las organizaciones sociales en la gran prensa.

- ¿Qué resultados positivos usted evalúa que Adital consiguió obtener en estos tres años de vida?

- Los puntos que yo veo extremadamente positivos en estos tres años en que Adital está difundiendo las noticias relativas al proceso social que ocurre en América Latina, diría que, en primer lugar, lo más evidente, es la amplia difusión que consiguió. Tenemos casi 15 mil direcciones electrónicas (suscriptores), que diariamente reciben las informaciones, y los accesos a la página web ( www.adital.com.br ) que llegaron a la cifra de 260 mil por mes, ahora en febrero, y con casi 800 mil páginas visitadas. Pero esa difusión pienso que se debe al hecho de que Adital tal vez esté dentro de un nuevo concepto de periodismo, en el sentido de percibir que el periodismo no es, como se habla, de la técnica y de la ciencia, una cosa autónoma, que ocurre por sí, y que después, el resto de la sociedad debe digerir como le parezca mejor.

Adital se orienta dentro de un periodismo que tiene por finalidad el crecimiento de la sociedad. Quiere decir, que la información que nosotros pasamos, por sobre todo, es una información que viene de los sectores que se comprometen con el cambio social, con el crecimiento de una integración de América Latina y, por lo tanto, con los sectores que son confiables, extremadamente confiables como fuente de información. Queda claro que, además, nosotros tenemos nuestros reporteros, periodistas que realizan un servicio propio para Adital. Sin embargo, quería destacar ese aspecto, que el éxito de Adital y el reconocimiento que recibimos ahora de la Unesco se debe, sobre todo, a ese hecho. Que estamos dentro de una concepción nueva de sociedad y, que por lo tanto, de actividades que en la sociedad deben ser desarrolladas, y entre éstas, el periodismo.

- Por otro lado, ¿cuáles son hoy, las principales dificultades?

- Bueno, dificultades, yo pondría, en primer lugar, la cuestión económica. Quienes transitan caminos nuevos como Adital y otras actividades de comunicación siempre encuentran esa dificultad porque demora en ser reconocida una actividad, una concepción nueva de cualquier servicio a la sociedad. Por lo tanto, en relación con la cuestión económica, esperamos superarlo, pero es un elemento esencial, que a veces no nos deja correr de la manera que nos gustaría. El servicio que ofrecemos podría ser mucho mejor.

Tenemos una serie de ideas, yo diría que originales, óptimas, pero que todavía no podemos poner en práctica a causa de la falta de recursos, que nos permita encaminar, con competencia, con periodistas competentes, con sociólogos, con investigaciones, aquello que estamos pensando. Después también, las dificultades, tal vez vengan del hecho de que, hasta hoy, en los grandes medios de comunicación, se habla de estas iniciativas como de una prensa alternativa. No me gusta esa palabra, alternativa, porque nos deja casi un marco de cosa secundaria, de cosa aparte, pero yo diría que tenemos algo de alternativo en el contenido de la información. Quiere decir, una visión de las noticias y de los hechos que vienen de aquellos que viven y que provocan los cambios. Y éstos de hecho, son aquellos que tienen derecho de hablar y deben ser más escuchados en la sociedad actual.

- ¿Los objetivos iniciales de Adital cambiaron con el tiempo, los resultados fueron más allá de lo esperado?

- Diría que la perspectiva, la filosofía, las finalidades que Adital se propuso fueron fortaleciéndose en estos tres años de actividad. Sin embargo, lamento lo que dije antes, que si tuviésemos una posibilidad, un apoyo más seguro en el campo económico, podríamos haber caminado un poco más. Por ejemplo, una falta grave nuestra es que no tenemos una página en inglés o en francés o en otras lenguas, a pesar de que sabemos que cerca del 15% de nuestras noticias son traducidas en todas las lenguas de Europa y hasta en lenguas del Este Europeo. Cualquiera puede accesar los grandes buscadores de Internet y darse cuenta cómo Adital está presente en todas esas lenguas.

- ¿Quien lee Adital en este momento?

- Yo diría que Adital tiene tres grupos de lectores. El primero son los periodistas y los que trabajan como comunicadores. Este fue nuestro primer objetivo, porque claro, una agencia de noticias a pesar de que somos un poco agencia de noticias y un poco revista electrónica tiene el objetivo primero de llegar a los periodistas porque ellos son los multiplicadores de la información. Una agencia de noticias que consigue llegar a “Le Figaró”, de Paris, ya produce un millón de copias por día.

- En este caso, ¿la idea sería pautar la gran prensa?

- Exactamente. Ofrecer esa pauta nueva más profunda para la comprensión de los procesos que ocurren en América Latina. Con esa nueva pauta creo que la información puede dar un salto de calidad, sobre todo, no sólo internamente en América Latina, sino también en los países de Europa y Estados Unidos, porque, desgraciadamente, esos países por las preocupaciones principales que ellos tienen en otros niveles no tienen hasta hoy, una visión de aquello que sucedió en América Latina en estos últimos 10 o 15 años. América Latina actualmente es diferente.

Entonces, ellos, o cambian la manera de ver, de comprender, de juzgar a América Latina, o se cierran en una comprensión limitada, por lo tanto que pueden encaminar relaciones equivocadas, relaciones políticas, económicas. Por lo tanto, nuestra información puede pautar la gran prensa. El segundo grupo de lectores al que nos dirigimos, es el llamado Tercer Sector. Inclusive, es parte también de nuestras fuentes. Son todos aquellos grupos de personas, ONGs, pastorales de las iglesias, movimientos sociales, sindicales, de partidos políticos, que tengan una actividad real y comprometida dentro de la sociedad. Y el tercer grupo son todas aquellas personas que tienen un interés específico en este tipo de información. Las personas que buscan enriquecer su conocimiento de América Latina, su comprensión de los procesos que ocurren, no sólo de hechos puntuales o coyunturales. Esos procesos son aquellos que permiten apreciar la realidad de un Continente, de su historia.

- Según su criterio ¿por qué América Latina no está en los grandes medios brasileros?

- Yo creo que no está en los grandes medios brasileros porque tienen una falla bastante esencial. Tal vez, la información que viene de Brasil hacia los grandes medios es mucha. El país es grande, tiene casi 200 millones de habitantes. Hace también al aspecto cultural, una cierta autosuficiencia, la cuestión de la lengua y también la dificultad de estar abiertos para percibir las culturas diferentes, las situaciones tan diferenciadas que existen en toda América Latina. De México a Tierra del Fuego hay una variedad de culturas, de situaciones económicas, de situaciones literarias, musicales, sociales, eclesiásticas, que exigen un profundo conocimiento, un profundo estudio y una elasticidad mental por parte de los periodistas.

Y yo diría que, en ese sentido, creo que Adital está ayudando a abrir un poco la cabeza de aquellos que quieren percibir la historia, no simplemente hechos puntuales para quedar satisfechos con su noticia de 500 a 5 mil caracteres y listo. Hoy, el camino que la sociedad latinoamericana está haciendo es más rápido de lo que el camino que la prensa, los grandes medios están haciendo. El cambio de América Latina hoy no está todavía presente, no tiene en los grandes medios de comunicación el espejo real.

- ¿Cuáles son los planes de Adital para el futuro?

- Los planes son, fundamentalmente, perfeccionar su carácter de agencia de noticias. Por lo tanto, con alguna seguridad económica mayor, podremos retomar contactos con periodistas, retomar el servicio de reportajes más profundos, contactos con personalidades que hacen a la historia para dar entrevistas, estudios dirigidos en el sentido de lo sectorial, como la mujer, los indios, iglesias, movimientos populares en América Latina. Esos foros sociales que están realizándose son un espacio y una riqueza que nosotros queremos aprovechar al máximo.

Y, en segundo lugar, una agencia, en la medida en que tiene novedades para presentar, intentar encaminar iniciativas bien concretas. Algunas no voy a decirlas aquí, pero estamos preparándolas. Depende sólo de tener personas disponibles para eso y, claro, recursos para realizarlas.

- El hecho de que Adital tenga su sede en un estado periférico de Brasil, ¿no dificulta el trabajo?

- Fue una elección que nosotros hicimos. Quisimos quedarnos fuera del eje San Pablo/Río/Belo Horizonte/Brasilia, que siempre pelea por las iniciativas que tienen un alcance nacional. Escogimos el Nordeste, Fortaleza, para mostrar que se puede aquí también llevar a cabo un proyecto que tenga una visión nacional y mundial de América Latina. Ahora, es claro, que eso provoca un cierto sufrimiento. El dinero está en San Pablo y las decisiones políticas en Brasilia. Las dos cosas están íntimamente ligadas.

Eventos importantes suceden en Fortaleza, pero también en San Pablo y Brasilia. Nosotros sentimos la necesidad de una interrelación mayor con esos centros. Está claro que no queremos ser chauvinistas, sería la muerte de la comunicación, pero queremos hacer esos contactos porque son fundamentales, pero no son los únicos puntos de partida para tomar iniciativas mayores a nivel nacional y mundial. Fortaleza es un centro importante.

Traducción: Daniel Barrantes

http://www.redvoltaire.net/article4097.html

A un año de la invasión EE.UU - Francia (III)

Hace 12 días que las dos principales figuras del gobierno de Jean Bertrand Arístide iniciaron una huelga de hambre en la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe, sin que los medios locales e internacionales hayan «descubierto» la noticia.

La decisión moral del ex primer ministro Yvon Neptune y del ex ministro del Interior Jocelerme Privert, presos desde hace un año sin que se les formulen cargos, ha sido «clandestina» porque comenzaron su huelga el 20 de febrero pero sólo lograron darla a conocer el 2 de marzo en el limitado ámbito diplomático de la capital haitiana. Los presos políticos reclaman por los maltratos que padecen en la prisión.

La rebeldía ética de los líderes políticos mantiene su curso mientras los asesinatos de la policía ensombrecen la vida triste de los haitianos que claman por una democracia ante la indiferencia del mundo.

Después de un año de ocupación, Haití está peor que antes, con más de 80% de desempleo y casi el 90% de la población viviendo en la informalidad económica y pobreza extrema. Los pocos jóvenes que estudian van a leer de noche a los tres o cuatro edificios públicos de Puerto Príncipe que mantienen sus luces encendidas porque en el país no hay electricidad para los pobres.

Además de la policía del presidente Boniface Alexandre y de su primer ministro Gérard Latortue, el hambre es otro gran azote para el pueblo Haití, junto con la inseguridad de cualquier naturaleza (ciudadana, social, política). «La seguridad en Haití sigue siendo precaria», dijo el 2 de marzo el Secretario General de la ONU, Hasta Kofi Annam, a la vez que se percibe una actitud más enérgica de la Misión de Naciones Unidas (Minustah) frente a los bandoleros armados, que se están volviendo contra el gobierno porque no los reincorporan al ejército.

Violaciones de derechos humanos

El 19 de febrero, Neptune y Privert fueron blanco de un asalto a la cárcel de paramilitares y narcotraficantes que presumiblemente pretendían matarlos. En el desorden de la balacera, escaparon 500 de los 1.250 presos, entre ellos los dos políticos cautivos, quienes buscaron seguridad en la calle, se ocultaron y pidieron protección a la ONU… para regresar después a la prisión.

La OEA reclamó en septiembre por la situación de los derechos humanos, después que una comisión de 5 miembros visitó el país. Las elecciones deberían efectuarse este año, no tienen fecha, pero si se hicieran hoy, las ganaría de nuevo Arístide.

La comisión de derechos humanos que visitó Haití en septiembre estuvo integrada por Clare K. Roberts, Brian Tittemore, Bernard Duhaime, Candis Hamilton y Julie Santelices. Además de entrevistarse con Alexandre y Latortue, visitaron a Hérald Abraham, ministro del Interior, y al director general de la Policía Nacional, Léon Charles. En el lenguaje típico de la OEA, la comisión dijo haber conocido el deterioro de la situación humanitaria y los abusos contra los derechos humanos. Se mostró preocupada por el estado de la seguridad y la acción de los grupos armados que controlan la seguridad en el norte y este del país, donde el Estado no garantiza la protección real de los ciudadanos.

Le recordó a los gobernantes de Haití que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de su población y asegurar los derechos y la protección judicial, etcétera. Mostró preocupación por la administración de justicia a cargo de un sistema inadecuado.

Recomendó que el gobierno termine con la impunidad y que no tome represalias con las personas que se atrevieron a declarar ante la comisión e hizo constar que el ministro de Relaciones Exteriores de Francia fue agredido durante una visita al hospital de Cité du Soleil, el tugurio de la capital más golpeado por los crímenes de la policía.

También dijo que los más vulnerables son los niños, las mujeres y los defensores de los derechos humanos, frecuentes víctimas de los grupos armados de bandidos, “que constituyen hoy día un problema serio en Haití”. Aseguró que los niños son victimas de trabajos forzados y de violencias perpetradas por los grupos armados, pero cuando son detenidos se les envía a prisión con los adultos. En definitiva, en Haití quedan pocos árboles pero igual impera la ley de la selva.

Un botón de muestra

La muerte de dos manifestantes que conmemoraban pacíficamente el primer aniversario de la salida de Arístide, el 28 de febrero, es apenas un botón de muestra. “La gran amenaza terrorista de Haití es el hambre, el desempleo… y la policía”, graficó un diplomático de Puerto Príncipe que pidió reservar su identidad.

Los habitantes de Bel-Air (aire hermoso, en lengua creolé), uno de los tugurios más pobres de la capital haitiana, prepararon una marcha no violenta para evocar al depuesto Jean-Bertrand Arístide, conducida por el sacerdote Gerard Jean-Juste y otros curas de la parroquia St. Clare. La manifestación, que comenzó con rezos en la Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en el centro de Bel Air, caminó cantando por las calles de la antigua barriada absolutamente pobre.

Según el relato de Bill Quigley, uno de los participantes y amigo de Jean-Juste, “miles de personas caminaron y bailaron cantando “Bring Back Titi” (Traigan a Arístide) en creolé, francés e inglés”. Quigley es un profesor de la escuela de Derecho de la Universidad Loyola de Nueva Orleáns que se encuentra en Puerto Príncipe como voluntario del Instituto por la Justicia y la Democracia en Haití, una organización estadounidense.

El sacerdote Jean-Juste, una de las principales voces por la democracia en Haití desde que fue liberado hace pocas semanas después de pasar 48 días en la cárcel sin cargos, fue entrevistado decenas de veces por medios locales e internacionales durante la caminata con la muchedumbre. “La manifestación parecía un pacífico desfile de carnaval hasta que noté que el corresponsal de Reuters usaba un chaleco a prueba de balas”, explicó Quigley.

Y añadió que los cascos azules de la Minustah -la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití que está a cargo del chileno Gabriel Valdés- se encontraban en los alrededores cuando la movilización se desplazaba por la calle Des Cesar, cubierta de gente de lado a lado, con paraguas y carteles que llamaban por la vuelta de la democracia y de Aristide. La gente de la vecindad ensambló con la marcha o aplaudió y bailó con los manifestantes.

“Repentinamente, en la esquina de la calle Monsiegneur Guillot and Des Cesar hubo un ruidoso estampido, muy cerca de la gente, provocando un griterío de la gente”, relató el académico. Luego hubo otras detonaciones mientras los manifestantes huían. Quigley se ocultó debajo de una escalera.

Vio policías en uniformes negros, con cascos, máscaras anti-gas y armas largas que disparaban sobre la muchedumbre. “Amontonaron a la gente a mí alrededor, bajo las escaleras y el griterío, mientras los del grupo de St. Clare nos agrupamos en una esquina a esperar que cesaran los estallidos”.

Sobre la calle quedó tendido un hombre inconsciente. “Jean-Juste se arrodilló sobre él y rogó”, relató Quigley. “Calle abajo otros auxiliaban a la gente herida en sus partes posteriores. La muchedumbre gritó que la policía se fuera y nos cobijamos en una pequeña vivienda de un callejón. Los niños gritaban, los adultos gritaban, cada uno tenía miedo. Esperamos, sucios y mojado en sudor, hasta que la presencia cada vez mayor de la ONU hizo seguro irse”.

La manifestación de Bel Air dejó dos cadáveres que los manifestantes envolvieron en banderas haitianas. Y también decenas de heridos. “Dos hombres me mostraron dónde los hirió la policía” dijo el estadounidense. “Luego condujimos lentamente a la vecindad ahora entristecida. La misma gente que minutos antes se mostraba feliz ahora estaba sombría, con muchas personas gimiendo”.

De regreso en su parroquia, Jean-Juste dijo: “Los partidarios de Aristide éramos tan numerosos que resulta difícil tener una valoración apropiada de la muchedumbre. El mensaje fue claro. Se ha contado nuestro voto. Todavía debe ser contado. No hay otra manera para que Haití salga adelante sino es con la vuelta del orden constitucional, la liberación de todos los presos políticos y la vuelta física de presidente Aristide”.

Quigley concluyó su relato con esta frase: “La marcha por la democracia en Haití fue parada por la policía que disparó sobre la muchedumbre desarmada, pero la gente con que hablé me dijo que continuarán sus manifestaciones por la vuelta de la democracia en Haití”. El relato completo, con fotos, puede leerse (en inglés) en www.haitiaction.net.

Los paramilitares saben hacer metástasis

Aunque en Puerto Príncipe los paramilitares están algo dispersos, en cada ciudad del interior siguen operando unos 200 bandoleros de las huestes organizadas y financiadas por Francia y EEUU para desestabilizar a Arístide. En muchas ciudades constituyen la única autoridad, arreglándoselas para no disputarse con los 7.000 “cascos azules” de la ONU, como si no existieran.

En total son unos 2.000 ex militares, ex convictos y narcotraficantes, a quienes les gusta lucir zapatos deportivos y botas importadas, anteojos oscuros y vehículos 4 x 4. Como los ex militares llevan más de 10 años desempleados y sus acompañantes son cesantes crónicos, la pregunta es ¿de dónde sacan plata para combustible, a un año de la intervención franco-estadounidense? Continúan recibiendo dinero de la National Endowment Envelopment, uno de los fondos que EEUU utiliza para promover su “democracia” en todo el mundo.

Los paramilitares pululan en ciudades como Gonaives, Cabo Haitiano, Fort Lauderdale, Jacmel, Los Cayos, Petit Goave, Saint Marc, Grand Goaves, Trou du Norb, y muchas otras. Han usurpado cientos de inmuebles que utilizan como sedes físicas. Constituyen una fuerza oscura, uno de los poderes fácticos de Haití. El gobierno que sustituyó a Aristide nunca hizo esfuerzos para desarmarlos, más bien los llamó “luchadores por la libertad”.

La Minustah tampoco quiso desarmarlos, quizás para “no inmiscuirse en los asuntos internos” del país invadido. Con el tiempo, los paramilitares se legitimaron, ganaron espacios y muchos ingresaron a la policía. Los ex militares hoy hacen manifestaciones públicas pidiendo su reincorporación al ejército y el pago de 10 años de salarios “atrasados”. No desarmar a las bandas fue una grave omisión de la ONU, pero hoy ya no es posible sin un enfrentamiento. En sus manifestaciones gritan: “Preferimos morir a entregar las armas”.

Alexandre y Latortue le dieron tanto espacio a los militares desempleados desde la invasión de Bill Clinton que hubo sectores del gobierno planteando reconstruir el Ejército con los golpistas despedidos por Arístide, hace más de una década, para fortalecer un gobierno indefinido y al gusto de las clases propietarias locales y de EEUU Parece descabellado reconstruir al ejército que ha dado más golpes de estado que el de Bolivia, pero las clases propietarias sueñan con un nuevo gobierno al estilo de los 17 años de Pinochet. Para algunos diplomáticos, en los planes de EEUU Haití es la punta de un triángulo que incluye a Cuba y Venezuela.

Giro de Naciones Unidas

Después de casi un año, la ONU está dando un viraje y abandona su papel de mera observadora, comienza a desafiar las políticas de EEUU y pone en su mira a los paramilitares. La seguridad en Haití “continúa siendo precaria a pesar de que la fuerza de Naciones Unidas ha mejorado la situación”, y la posibilidad de estallidos de violencia “no puede ser controlada”, indicó el miércoles el secretario general Kofi Annan.

“Aunque el escenario general de seguridad a lo largo de Haití ha mejorado, la decisión de la Minustah de ejecutar acciones contra miembros de bandas y ex soldados ha aumentado el riesgo de represalias contra la misión y otro personal de la ONU”, afirmó en un informe al Consejo de Seguridad, recordando que la fuerza ha sido “objeto de una serie de ataques desde el pasado noviembre”.

En otras palabras, Annan anunció una actitud menos pasiva, preconizando que debe imprimirse un enfoque más firme cuando “varios grupos armados” retan a las autoridades estatales. “Nuestra misión de conseguir un escenario seguro y estable, que requerirá en ocasiones el uso de una fuerza proporcionada y necesaria, debe permanecer al frente de nuestras prioridades”, añadió.

La presencia de los paramilitares también es funcional a los designios del gobierno de Alexandre/Latortue de prolongar su mandato de “transición” ad eternum porque no tiene cómo ganar las elecciones, si es que llegaran a hacerse al estilo Irak. El clima de violencia hace que el tiempo transcurra a favor del gobierno y de los grupos económicos que controlan la precaria economía. La elite haitiana apuesta para que las cosas sigan como están.

La mayoría negra que sigue a Lavalas/Arístide es tan aplastante como la expresión política de los chiítas de Irak. Los grupos “democráticos” que hace un año se unieron ideológicamente a las bandas armadas están de bajo perfil, ya no reclaman por la “democracia” y aparecen seducidos por la burguesía y sus salones. Entre ellos se destaca la UPL, Unión del Pueblo en Lucha, una escisión de Lavalas en medio de la anarquía de los tiempos de Arístide.

En Haití existe una conspiración para que no resulte la transición. La situación desespera al comisionado de Naciones Unidas, el chileno Gabriel Valdés, porque tampoco le han dado dinero para sacar al país de la postración. Teóricamente, es el hombre más poderoso de Haití, porque tiene a su mando los efectivos militares multinacionales, pero de los 1.400 millones de dólares que hace un año prometieron el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y algunos países donantes, la Minustah recibió menos del 10% y la mitad de los fondos está comprometida para las elecciones que todavía no tienen fecha.

Ha sido más efectiva la ayuda que presta Cuba, que tiene 700 voluntarios, entre médicos y para-médicos, que ofrecen “salud pública” en lugares apartados. Suena duro y rotundo, pero la ONU no ha hecho nada. Por lo menos, ésa es la impresión de algunos diplomáticos que residen en Puerto Príncipe. Y en lo militar, su rol neutral corre el riesgo de exhibir la ineficiencia observada por los casos azules en Bosnia Herzegovina mientras se realizaban las limpiezas éticas.

Algunos diplomáticos y altos oficiales de la Minustah estiman que deben involucrarse más, controlar a la policía y fomentar el diálogo con los civiles, pero esas iniciativas no agradan a EEUU Incluso plantean una gran presencia internacional de carácter civil y juvenil para colaborar en una efectiva reconstrucción de Haití. La población local es básicamente joven, ya que allá -estadísticamente- apenas se vive 49 años.

Si las elecciones fueran hoy, probablemente las ganarían de nuevo Lavalas y Arístide. Por eso es que también el gobierno mantiene una postura ambigua ante los paramilitares, que están haciendo una limpieza ideológica entre los militantes jóvenes, por la vía de su exterminio. Más de 200 paramilitares ingresaron formalmente a la policía y hoy cometen con uniforme los crímenes que antes perpetraban con ropa informal.

Las bandas para-militares están empeñadas en eliminar dirigentes, activistas y militantes de Lavalas, en absoluta impunidad y con la condescendencia estadounidense. Por ejemplo, después de una marcha efectuada el 30 de septiembre de 2004 hicieron público lo que la prensa llamó “Operación Bagdad”. Degollaron a tres policías para crear una “noticia” de impacto que eclipsara a la manifestación popular. Para un diplomático acreditado en Haití fue una maniobra para justificar más asesinatos.

Otros observadores diplomáticos perciben una “Operación Chechenia”, con acciones sangrientas amplificadas por los medios periodísticos para justificar el exterminio. En estas maquinaciones tampoco están ajenos varios dirigentes “democráticos” conocidos y respetados fuera de Haití.

El principal dirigente de Lavalas es el ex primer ministro Yvon Neptune, quien se encuentra preso sin cargos ni proceso, al igual que el ex ministro del Interior Jocelerme Privert y muchos otros dirigentes de barriadas populares, líderes políticos y ex senadores como Yvon Feuillé, otro sacerdote importante allegado a Arístide.

El 19 de febrero tres camionetas con hombres armados asaltaron la Penitenciaría de Puerto Príncipe para asesinar a los presos políticos con el pretexto de liberar a algunos narcotraficantes. El día del ataque, una sábado a las 3 de la tarde, la vigilancia de la cárcel había sido sospechosamente descuidada. Los asaltantes desataron una balacera descontrolada, tras matar a un guardia.

En el caos se fugaron casi 500 de los 1.250 presos que se hallaban en los patios, simplemente porque no tenían dónde refugiarse y la calle parecía más segura. La multitud arrastró consigo a Neptune y a Privert, quienes consiguieron refugio seguro, llamaron al embajador de Chile, Marcel Young, quien gestionó garantías para sus vidas con la Minustah… y regresaron a la cárcel. El episodio ilustra la inseguridad en Haití.

A su regreso a la prisión, ambos dirigentes fueron castigados y traslados a un lugar más incómodos. Presiones diplomáticas y gestiones de la Minustah permitieron que los reintegraran a la misma celda que tenían antes de producirse la fuga involuntaria. El 2 de marzo se hizo público en Puerto Príncipe que ambos líderes políticos mantienen una huelga de hambre desde el 20 de febrero en protesta por los maltratos en la prisión.

Estados Unidos anunció que este viernes relevará los 200 efectivos de la infantería de marina que depusieron hace un año a Aristide. En el seno de la Minustah, juega a intensificar las relaciones con la policía de Haití, mientras los altos oficiales brasileños se inclinan por una política de diálogo con los seguidores de Arístide, en vez de la represión ciega que prefiere Washington.

Hasta que se produjo la actual invasión, la embajada de EEUU estuvo manejada por la DEA y la CIA. El número 2 -el segundo hombre después del embajador- fue Luis Moreno, un reconocido agente que antes estuvo reforzando el Plan Colombia en Bogotá y organizando operaciones para liquidar a Pablo Escobar Gaviria. Durante la madrugada del 29 de febrero de 2004, Moreno presionó a Arístide en su residencia, en compañía de los embajadores de Francia y EEUU, exigiéndole que aceptara voluntariamente su renuncia y posterior salida del país bajo la amenaza de formularle cargos por narcotráfico. Arístide fue sacado de su casa y embarcado por la fuerza con la infantería de marina que arribó ilegalmente pocas horas antes.

Ernesto Carmona Periodista y escritor chileno Ver los artículos de Ernesto Carmona

http://www.redvoltaire.net/article4086.html

Wilson Hernández *

Las teorías sobre el poder son inagotables y en el campo de la razón no tienen más límites que la razón misma. La existencia, la creación, el acto creador, son expresiones que determinan la fuerza creadora de un algo o alguien que los padres de la Filosofía prefirieron denominar la Causa Primera.

Por lo tanto, cualquier intento de aproximación epistemológica, de conceptualización sobre el poder como fenómeno existencial o social, será limitado por las limitantes propias de la realidad en cuanto objeto determinado.

Siempre se ha dicho y supuesto, desde la antigüedad hasta estos días de la era de la sociedad de la información, que la información es poder. Y en el contexto de la industria de la comunicación social, ese poder adquiere el carácter o la fuerza de los intereses que representa.

De ahí que la máxima decimonónica “La prensa es el cuarto poder” ha quedado en desuso. Hoy se podría afirmar que la prensa o el oficio de la información periodística es uno de los pilares del primer poder que sustenta una sociedad, el poder de la comunicación. De sus artífices, de sus gestores, dependerá el alcance o las limitaciones de ese poder.

Como he dicho, sería una empresa aventurera pretender desarrollar en un artículo periodístico una teoría sobre el poder del periodismo o sobre el periodismo y el poder, pero al menos intentaré un esbozo que servirá de marco de referencia para tratar de comprender algunos acontecimientos que se observan en estos días en el mundo de la prensa dominicana.

El oficio del periodismo, en su naturaleza, esencia y misión, es un acto, un conocimiento y una ciencia que sólo se puede interpretar a partir de una dialéctica del poder articulada en la estructura social. No existe periodismo como actividad privada ni interpersonal, sino como factor social en confrontación con los entramados del poder.

A partir de esta dialéctica del poder el periodismo se podría definir como el oficio de confrontar informaciones públicas relevantes que aspiran a transformar la realidad cotidiana. Y ya ese ejercicio, en sí mismo, es un acto que comporta una trascendental vocación de poder.

No puede haber periodismo donde no hay confrontación de poder, donde no hay cambio. Una política informativa de orientación conservadora, que procura conservar el status quo de un sistema o de un orden determinado, aunque se muestre neutra, estática, implica un acto de confrontación, de resistencia interna contra lo que niega su razón de ser.

Pobre del periodista que busque el poder que deviene del periodismo en realidades externas al oficio mismo. Podrá acumular y ostentar todas las riquezas y todo el oropel que se deriva de otros tipos de poderes, pero nunca le acompañará la aureola de dignidad y grandeza propia del auténtico poder del periodismo.

Pobre del periodista que piense que el poder que emana de la dignidad del oficio se puede alcanzar con todos esos artificios. Y es lo contrario, el poder del periodismo está en la independencia frente a esos poderes.

La fortaleza, el poder del periodismo está en su capacidad de aproximarse a la verdad pura, a la verdad absoluta, y en sostenerla combatiendo todo lo que atente contra la integridad de esa verdad. De ahí que la independencia suele ser un requisito fundamental del periodismo auténtico.

Tres a mi modo de ver son las armas que utiliza el periodista en la lucha por la verdad: las ideas, las palabras y la propia vida, y estas dos últimas son la forma material de la primera, que es la más excelsa y sublime. El poder del periodista está en el poder de sus ideas y en la capacidad que tenga de darle vida con sus palabras y con su vida.

No puede presumir de poderoso un periodista que aún ostentando todo el poder que da el dinero y las relaciones políticas, no ha sido capaz de escribir una información, un sólo editorial que trascienda la rutina diaria, el olvido, y que se haga memorable por la fuerza o el poder de lo que expresa.

El mismo análisis aplica para la empresa periodística. Un periódico dirigido por un periodista que busque el poder fuera del oficio mismo, es un fracaso. Podrá tener enorme cantidad de lectores, muchas páginas y anuncios, pero no pasará de ser un legajo de papel que muere en cada edición.

El poder del periodismo no es para uso en provecho personal, para maltratar, imponer, manipular, chantajear, engañar, etcétera; el poder del periodismo es para servir a la verdad en beneficio de la sociedad y los ciudadanos.

* Wilson Hernández es periodista con especialidad en Filosofía. Presidente del Centro para el Estudio Avanzado de la Comunicación (INFOMEGA), de República Dominicana. Es colaborador de Sala de Prensa.

http://www.saladeprensa.org/art597.htm

Carlos A. Sortino (*)

Debajo de las noticias y debajo de las sentencias quedan sepultadas las prácticas sociales de dos personajes protagónicos de nuestro presente: magistrado y periodista. Se trata de reconstruir esas prácticas para encontrar en sus cruces los conflictos que las signan, no porque esos conflictos preocupen o molesten a periodistas y magistrados -cuestión que debería probarse materialmente-, sino por los efectos sociales que provocan. Nuestra hipótesis de trabajo es que en las relaciones recíprocas entre el campo del periodismo y el campo de la justicia, atravesadas por las fuerzas del poder, se construye el sentido de una cultura política.

VAYAMOS A LAS FUENTES

Partimos del hecho de que nuestra calidad de vida está condicionada por (y en muchos casos depende de) la organización política y económica a la que pertenecemos (por elección o por inercia) y que la expresión material de esta organización política y económica es el orden jurídico al que estamos sujetos.

Hablamos de dos campos de acción muy concretos:¹ el político y el económico. Y para transitar por la diversidad de caminos dentro y entre esos campos, las personas disponemos de una cantidad de señales, que podríamos denominar reglas colectivas (el orden jurídico). Estas reglas colectivas se caracterizan por la antinomia objetiva legalidad/ilegalidad y articulan el juego de las personas en el complejo institucional.² Pero nuestro sentido común³ las percibe como impuestas, no son significadas como propias.⁴

Es en esta grieta que entra a jugar lo que sentimos como propio: nuestro interés individual,⁵ que se caracteriza por su condición de alegalidad y contiene la antinomia subjetiva justicia/injusticia.⁶ Este interés puede situarse dentro de la legalidad o de la ilegalidad, puede impulsar la institución de nuevas legalidades o forzar la legalidad instituida, según qué tipos de obstáculos les oponen las reglas colectivas a nuestros objetivos individuales, expresados sectorialmente.

Nuestro interés individual es la variable “asistémica” de este complejo institucional: es el interés que ponemos en juego estratégicamente, estableciendo alianzas sectoriales para la consecución de nuestros propios fines. Es esta variable “asistémica” la que permite el constante vaivén social (transformador o conservador), la que le otorga a aquel complejo institucional el carácter material de proceso dinámico e imprevisible e inhibe su jerarquía ideal de sistema mecánico y previsible.

Dentro de este proceso, una de las grandes mediaciones entre la realidad colectiva y la realidad individual es la praxis periodística,⁷ que legitima o impugna políticas públicas y negocios privados y con cuyas publicaciones u omisiones se construye el sentido común, que, convertido en “opinión pública”, no es sólo una fuerza de la que no se puede prescindir, sino también, hasta cierto punto, un patrón político justificable.

SITUEMOS EL OBJETO

La administración de justicia condiciona las conductas sociales, es formadora de cultura. De la conducta de los jueces y demás funcionarios del Poder Judicial, de las relaciones sociales que establecen durante cada proceso, de sus decisiones al momento de dictar sentencias y de cómo luego éstas se resuelven en la práctica, depende, en mucho, la construcción de un sentido común del que se van a derivar determinadas relaciones sociales, determinadas conductas, determinados valores. En síntesis: una cultura política. Porque el acto de administrar justicia es también en sí mismo un acto político. Es decir, un proceder que impacta y afecta en la cosa pública.

Pero este proceso es incompleto si eludimos su valor agregado, que es, en definitiva, el que le otorga sentido: el tipo de mediación que se establece entre los actos jurídicos y su recepción social, que marcará de qué manera y por cuáles medios aquella ejemplaridad que se pregona influye efectivamente en sus destinatarios. La bisagra que articula los actos jurídicos con su recepción social lleva por nombre hoy medio de difusión masiva.⁸ Podemos decir entonces que en las relaciones recíprocas entre el campo del periodismo y el campo de la justicia, atravesadas por las fuerzas del poder,⁹ se construye el sentido de una cultura política, entendida como el fundamento crítico desde el que cada ciudadano forja su conducta e incide, conciente o inconscientemente, en los procesos de transformación o conservación de la realidad social.

No se trata aquí de poner en tela de juicio las intenciones de periodistas y magistrados, sino, simplemente, de observar los efectos sociales de sus actos. Es preciso comprender la realidad tal como se nos presenta. Y no como límite, sino como punto de partida. Es dentro de este nudo conceptual que también resulta necesario observar a periodistas y magistrados como sujetos de una práctica y no como depositarios de una función, servidores de un arte o portadores de una misión. Para ello es fundamental no sólo captar los mensajes de estas formaciones sociales (campo mediático y campo jurídico) e interpretarlos, sino, además, ir al mismo centro de producción de estos mensajes a observar cómo cobran cuerpo, cómo es su proceso de construcción.

PASEMOS A LOS HECHOS

Sólo accedemos a los actos del servicio de justicia a través del periodismo. No hay otra posibilidad de acceso, excepto cuando somos parte (imputados, víctimas, testigos) del proceso. Pero en estas ocasiones, el alcance de nuestra versión de esa realidad es limitado al propio mundo de referencia (familiares, amigos, vecinos). Sólo el periodismo puede asumir la pretensión de dar cuenta de esta realidad como un todo comprensible. Y lo hace. Y nosotros lo aceptamos. Pero,

• ¿qué es lo que nos informa el periodismo acerca de la justicia?
• ¿por qué es creíble esta versión de la realidad, independientemente del fatalismo de que sea el único camino de acceso?
• ¿sabemos, acaso (no la formalidad, sino la realidad sobre) cómo se sitúa el periodista (cada periodista) frente al campo jurídico, pero, antes, frente al medio para el cual trabaja?
• ¿desde qué lugar se introduce en ellos (campo jurídico y medio) para extraer los materiales que necesita?
• ¿qué materiales son éstos?
• ¿cómo los ubica, los distingue, los selecciona?
• ¿de qué forma los organiza y hacia qué lugar los dispara?
• ¿qué condiciones le proponen (medio y campo jurídico) y cómo las aborda?

El abordaje periodístico del campo jurídico es un proceso cuyas condiciones de producción el mismo periodista naturaliza o critica y a las que se va adaptando o a las que intenta forzar para ensanchar sus límites. En ese proceso es que carga de sentido el bien simbólico llamado noticia, cuya trama de construcción material podemos describir así:

• El periodista necesita llegar al cierre de la edición con, al menos, una información concreta de carácter noticiable. Y si no la obtiene por boca del magistrado o por su propia percepción del expediente, tratará de obtenerla por otras fuentes: la policía, los abogados de las partes, familiares, vecinos y/o amigos de quienes estén involucrados en el proceso y “buchones” varios. De la satisfacción de esta necesidad depende su trabajo, que, en la cruda realidad, es un trabajo como cualquier otro: hay una persona (y su familia) que vive del salario que le asigna una empresa con fines de lucro. Esa empresa necesita vender su producto (en este caso, la información) y si fracasa en su objetivo, no dudará en deshacerse de aquella persona que no sea capaz de evitar tal fracaso.
• Llegamos así a la cuestión de las fuentes. Cuando la fuente oficial no existe, aparecen las otras. Y no hay fuente desinteresada. Toda persona que se adjudica el rol de fuente, lo hace porque tiene un interés. Legítimo en algunos casos y desviacionista en otros. Ardua tarea la del periodista, cuando debe chequear el cúmulo de información que se le acerca por distintas vías para discriminar lo fiable de lo sospechoso. Y estamos hablando de un periodista con cierto sentido de la ética. De los otros, ya sabemos cuáles son los resultados.
• Supongamos ahora que la trama sufre una radical modificación: se abre el expediente y el periodista puede leerlo y transmitir información fiable. Aparece entonces un nuevo conflicto, el conflicto del lenguaje y de su descontextualización. El lenguaje jurídico no es, precisamente, de los más cristalinos. Una frase o proposición puede ser interpretada de distintos modos y el desconocimiento de algún acto procesal puede descontextualizarla por completo y conducir a una información falsa que hasta podría complicar el proceso.
• Pensemos, por un instante, que la necesidad de una mínima dosis de espectacularidad que reclama la lógica periodística ya está alterando, aunque no necesariamente desvirtuando, la llamada “verdad procesal”. Si sumamos la lógica del lenguaje jurídico y la lógica periodística, sin ningún tipo de mediación, el resultado puede ser terrible. La simple apertura del expediente no es una solución. Es un nuevo conflicto. Hace falta una persona que guíe la lectura de la causa y pueda traducir el lenguaje jurídico.
• Esta compleja trama se extiende a lo largo de un solo día. Y al día siguiente se repite. La conclusión de la trama es lo que la sociedad recibe jornada tras jornada de todos los medios.

Si los mensajes del Poder Judicial -en tanto organismo de comprensión, interpretación y aplicación de eso que llamamos justicia- tienen por objetivo alimentar la conciencia jurídica del pueblo, resulta extraño -al menos- que carezca de una política de comunicación. Esta carencia, además de actuar como complemento de la trama periodística descripta, niega aquel objetivo del Poder Judicial, cuyos actos responden, en términos comunicacionales, a la siguiente deriva:

• El Poder Judicial no cuenta con otra estrategia comunicacional que la directa circulación de sentido entre los participantes del proceso. Estrategia no planificada, por cierto, sino lisa y llanamente actuada, de manera dispar, según el buen saber y entender de cada magistrado y/o funcionario de ese poder político del Estado. Y no son pocos los que se están enfrentando al problema de cómo resolver esta comunicación con lo que ellos llaman “el justiciable” (léase imputado), pues han llegado a darse cuenta de que el lenguaje no es uno solo y que las palabras son metáforas que cada cual cargará de sentido según su posición social. Y más aún se profundiza este agujero semántico si se trata de procesos enmarañados que anulan, nada más y nada menos, la libertad (y en muchos casos, la vida) de las personas implicadas (léase justiciables).
• Al mismo tiempo, y no ya como estrategia en los términos apuntados, sino como fatalidad, los magistrados y/o funcionarios del Poder Judicial se enfrentan a otro nuevo problema: soportar el (o, según el caso, disfrutar del) abordaje periodístico. Y aquí también, según el buen saber y entender de cada uno y según el mayor o menor interés que le adjudiquen, se las arreglarán para explicar de qué se trata, poniéndole ellos mismos el cuerpo a la situación, delegando la tarea en un vocero de su juzgado o abriendo el expediente a la vista de esos personajes molestos llamados periodistas. Esto, en el mejor de las casos. En el peor de ellos (las más de las veces), sólo hablarán por sus sentencias y durante el proceso se mantendrán inexpugnables.

Ambas problemáticas (la comunicación con el justiciable y la comunicación con el periodista) tienen un común denominador: cada cual se las arreglará (o no) como pueda o como quiera, porque no hay políticas orientadas a su abordaje. Aunque esto bien podría suponer una política, si uno fuera mal pensado. Para no serlo, para no caer en el prejuicio, es preciso indagar:

• ¿Cuál es la estrategia comunicacional, implícita o explícita, del Discurso del Orden, en tanto cultura ejemplar producida en el campo jurídico?
• ¿Cómo recepta el Sentido Común este Discurso del Orden?
• ¿Se producen brechas?¿Cuáles son?¿Cómo se producen?
• ¿Dónde ubicarlas?¿Cuáles son sus efectos sociales?
• ¿Qué correspondencias pueden observarse entre el Poder y el Discurso del Orden?
• ¿Qué lógicas pueden observarse entre estas correspondencias (Poder-Discurso del Orden) y aquellas brechas comunicacionales (Discurso del Orden-Sentido Común)?

El caso, entonces, es que la construcción social del sentido de justicia es producto del cruce traumático entre las dos situaciones descriptas y que, entre ambas, el protagonismo se corporiza en la figura del periodista. Así, es su discurso el que prevalece. Y, encima, es creíble. Sabemos de la justicia lo que el periodista quiere que sepamos. O, para que no suene tan conspirativo, lo que el periodista considera valioso para el bien común.

CONTEMOS OTRA HISTORIA

La mera descripción de una praxis aparece como injusta por los efectos sociales que esa praxis efectiva o potencialmente provoca. Porque siendo una mera descripción no alberga el objetivo de trascender su objeto y sólo se presenta como un discurso justificador, tenga tal descripción un sentido crítico o apologético.

La cuestión central es qué hacer con esta praxis, cómo transformarla o cómo conservarla, desde las necesidades y expectativas de quienes y cuáles son esas necesidades y expectativas. Surge aquí la pregunta por el sujeto de esta historia: ¿el periodista?, ¿el magistrado?, ¿el pueblo?

Se supone -y así queda marcado en todos los discursos políticos- que el destinatario de los actos de gobierno del Poder Judicial es el pueblo.

Se supone -y así queda marcado en todos los discursos mediáticos- que el destinatario de los actos informativos del periodismo es también el pueblo.

Se supone -y así queda marcado en todos los discursos comunicacionales- que cuando uno habla del otro, lo hace para un tercero que está (o debería estar) interesado en conocer los actos del otro y no los dichos de uno.

Si no es así, cabe concluir, entonces, que destinatario es metáfora o analogía de recipiente (es decir, objeto) y que eso es lo que viene a ser el tercero (léase pueblo). De allí que en estos casos cuando uno habla del otro y el otro habla de uno, lo que hace cada uno es hablar sobre sí mismo.

Si es así -esto es, de ser destinatario analogía o metáfora de actor (es decir, sujeto)-, cabe advertir, entonces, que el tal tercero aparece en escena en tanto actor sólo cuando ya no puede en tanto recipiente contener más gotas y los zapatos de los unos y los otros comienzan a humedecerse.

Para que el pueblo sea respetado y alentado como sujeto de la historia, es preciso que antes sea respetado y alentado como destinatario de mensajes políticos, económicos e ideológicos capaces de vertebrar su sentir, su pensar y su actuar en aquella dirección. No “leemos” en los medios solamente noticias que responden al concepto de “construcción” o “descripción” de la realidad. Lo que “leemos” en los medios es, fundamentalmente, un sentido de la realidad. Vale también esta observación para cualquier institución social, como, en el caso que nos ocupa, el Poder Judicial.

Así, para esta historia -el abordaje periodístico del campo jurídico- podemos usurpar el modelo actancial de Greimas: destinador y destinatario es el pueblo, sujeto es el periodista, objeto deseado es la Justicia, ayudantes y oponentes (poder político, poder económico, poder ideológico) se entremezclan según los intereses que defienden en cada caso. Y lo que nunca hay que olvidar o minimizar es el hecho de que la empresa de la que el periodista recibe su paga está atravesada por aquellos poderes e intereses.

El oficio de este sujeto consiste en adquirir el conocimiento y la experiencia de tácticas y estrategias que lo conduzcan a la obtención de información que merezca ser publicada. Y no parece la receta más eficaz para un “correcto” abordaje periodístico del campo jurídico que el periodista sea también abogado, sino que profundice aquel oficio acotándolo a este campo específico, lo que no significa ignorancia del derecho, sino capacidad para organizar su realidad social y hacerla comprensible para el sentido común del pueblo, orientado este sentido común en la dirección más arriba apuntada.

El programa para esta profundización temática del oficio de periodista no puede conformarse sólo con la traducción del léxico jurídico al lenguaje cotidiano, sencillamente porque este es el punto de partida y no el punto de llegada, ni puede tampoco ser tributario de una política de comunicación organizada desde el Poder Judicial, sencillamente porque ninguna institución social -y mucho menos un poder político del Estado- incluye en sus estrategias de comunicación autocríticas centrales y menos aún la posibilidad de abrir fuentes habitualmente cerradas, porque su objetivo es fortalecer la imagen pública de esa institución.

Una especialización universitaria desde estos parámetros es lo que tratamos de impulsar, para que los futuros periodistas no se pierdan en la maraña de los herméticos códigos tribunalicios ni en los laberintos de los inmutables intereses empresarios, habitualmente funcionales ambos a las políticas públicas dominantes. O, al menos, para que no ignoren todo esto si tienen que entrar en su juego.

Porque entrar en el juego ignorando sus reglas y regularidades o aceptándolas como únicas posibles -el peor y el más común de los casos- supone que la incidencia política que tiene el periodismo sobre la sociedad no podrá ser controlada por los periodistas y los periodistas ni siquiera se darán cuenta de ello.¹⁰

_____
Notas:

¹ Apelamos a Pierre Bourdieu para definir el concepto de campo: un conjunto de elementos homogeneizados por sus interacciones y conflictos, que podemos identificar según los productos que crea y las finalidades que persigue. Todo campo es también lugar de relaciones de fuerza y, por lo tanto, de luchas que buscan transformarlas o conservarlas.
²Cuando hablamos de “complejo institucional”, estamos hablando de la estructura de correspondencias entre el campo de las relaciones políticas, el campo de las relaciones productivas y el campo de las relaciones sociales. Cada uno de estos campos tiene su propia finalidad, produce sus propios medios materiales e ideológicos para alcanzarla y contiene sus propias fuentes de poder, lo que supone la existencia de contradicciones y conflictos internos y entre sí. La finalidad del primer campo (relaciones políticas) es el poder, que se organiza en torno de la capacidad de sus actores de instituir la propia naturaleza de ese poder: cómo decidir el régimen de selección y circulación de las élites, cómo establecer las relaciones entre gobernantes y gobernados, quienes deben hacer la ley y quienes deben obedecerla, qué perfil productivo se pretende y cuáles son los criterios básicos para la producción y distribución de la riqueza. La finalidad del segundo campo (relaciones productivas) es el lucro. Su fuente de poder se organiza en torno de la posesión de los medios de producción y de cambio y del consecuente modo de producción de los bienes y servicios que se consideran necesarios. La finalidad del tercer campo (relaciones sociales) es la libertad. Su fuente de poder se organiza en torno de la capacidad de sus actores de elegir qué tipo de protagonismo se asignarán en el complejo institucional, en tanto sostenedores materiales de los campos económico y político, o de seguir aceptando la asignación de sus diferentes posiciones en la comunidad (estratificación en clases), según las necesidades de esos campos. Los imperativos materiales e ideológicos del complejo institucional que nos ordena condicionan nuestra calidad de vida. Sentimos, pensamos y actuamos dentro de los límites de este complejo institucional, signado por su forma jerarquizada de vinculación entre grupos dominantes y dominados.
³Tomamos de Raymond Williams su definición conceptual de sentido común: las relaciones sociales, sus conflictos y sus crisis, tal y como son vividas y estructuradas por las personas en significaciones, imágenes y valores.
⁴Sostiene Cornelius Castoriadis (y lo compartimos) que el objetivo de la política debería ser la libertad. Y se pregunta: “¿Cómo se puede ser libre si se está colocado obligatoriamente bajo la ley social?”. Compartimos también su respuesta: “Existe una primera condición: es necesario que se tenga la posibilidad efectiva de participar en la formación de la ley (de la institución). No se puede ser libre bajo una ley si no se puede decir que esa ley es propia, si no se ha tenido la posibilidad efectiva de participar en su formación y en su institución, incluso cuando las preferencias propias no han prevalecido (…) Libertad bajo la ley -autonomía- significa participación en el posicionamiento de la ley”.
⁵Contra el sentido común, debemos decir que la ley (las reglas colectivas, el orden jurídico) no prohíbe ninguna conducta. La ley no dice: “está prohibido robar”. Lo que dice la ley es: “quien robe, tendrá tal castigo”. ¿Qué ganamos y qué perdemos obedeciendo la regla? ¿Qué ganamos y qué perdemos desobedeciéndola? Ante cada situación concreta en que la regla se nos aparezca como un límite material, aparecerán estas preguntas y las respuestas en acción estarán condicionadas por nuestra posición en el complejo institucional. Con lo cual comprobamos la veracidad de aquella frase que dejó escrita Max Weber: “Los agentes sociales obedecen a la regla cuando el interés en obedecerla la coloca por encima del interés en desobedecerla”.
⁶Decimos de la antinomia justicia/injusticia que es subjetiva, dado que definir con claridad y precisión qué es lo justo y qué es lo injusto dependerá de nuestro posicionamiento ideológico. Contrariamente, decimos de la antinomia legalidad/ilegalidad que es objetiva, dado que está definida con claridad y precisión en el orden jurídico. Ciertas legalidades pueden resultar injustas y ciertas justicias pueden resultar ilegales. El orden jurídico no es otra cosa que la síntesis política de un choque de intereses cuyos orígenes son ideológicos. De allí que su destino sea el cambio constante y no la petrificación.
⁷“El texto periodístico es uno de esos relatos que circulan en la sociedad, a partir de los cuales armamos modelos para volver a definir el mundo, a partir de los cuales conocemos las formas destacadas de explicarnos a nosotros mismos en la cultura contemporánea y las formas ortodoxas de actuar. A partir de los cuales nos volvemos a lanzar a la acción, pero cambiados: nutrimos nuestra subjetividad, narrativizamos nuestra experiencia, exploramos nuestra capacidad de juzgar sobre la bondad o la maldad de los actos, adquirimos un lenguaje con el cual reconstruir los marcos referenciales que tornan inteligible nuestra manera de comportarnos y con el cual revelamos la teoría moral que, implícita o explícitamente, sustenta nuestra propia vida. A partir de los cuales nos enteramos acerca de la trama de las acciones humanas que definen el espacio público en el que comenzamos o recomenzamos a actuar, a partir de los cuales tomamos ejemplo de libertad y de solidaridad, comprendiendo cómo las instituciones o las personas pueden ser crueles con el prójimo, enriqueciendo el léxico mediante el cual podemos imaginar y construir nuevas estructuras sociales, más inclusivas, más solidarias” (Damián Fernández Pedemonte, “La violencia del relato - Discurso periodístico y casos policiales”, Buenos Aires, 2001, La Crujía Ediciones).
⁸No hablamos de medio de comunicación social, como lo indicaría el sentido común, porque compartimos la caracterización señalada por el profesor Alfredo Torre: Medio de difusión masiva: empresa conformada para ganar dinero (y a veces para consolidar el poder de alguien, o las dos cosas en forma simultánea) vendiendo información a un público amplio y heterogéneo. “Medio de difusión masiva” y no “medio de comunicación social”, por cuanto no existe diálogo ni decisión consensuada con el cuerpo social en la mirada sobre la realidad y menos en su valor noticiable. Las noticias, consideradas como “algo nuevo, a tiempo y dinámico”, no se seleccionan sino que se construyen, y dicha construcción es la obra conjunta de los periodistas y de las fuentes. La prensa, por más que sea espectadora, hace la noticia, construye el suceso, lo dispone y le da un sentido. La producción de noticias -según considera Félix Ortega- se rige por intereses económico-empresariales, mentalidad profesional y oportunidad. Es así que los medios se comportan como jueces: algo se publica o no se publica según propio (o ajeno) criterio en el momento más propicio (En “La Negociación”, documento de la cátedra “Periodismo de Investigación” de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP).
⁹Definimos el poder como la fuerza de los intereses económicos, políticos e ideológicos que se articulan (no sin conflictos internos) para transformar o conservar el dominio y el control social.
¹⁰Todo lo dicho aquí tiene como marco de referencia a la República Argentina.

* Carlos A. Sortino es periodista y colaborador de Sala de Prensa. Es miembro fundador de la organización no gubernamental Justicia sin Fronteras (www.justiciasinfronteras.tk) y docente de la cátedra de Periodismo de Investigación en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (provincia de Buenos Aires, República Argentina).

http://www.saladeprensa.org/art596.htm