ARGENTINA: Retacea el Ejecutivo el acceso a la información
Responde a pocos pedidos de la gente
Que un ciudadano común acceda a datos públicos en manos del Poder Ejecutivo es, según la normativa vigente, un trámite sencillo que demora menos de un mes. La realidad, en cambio, demuestra que el proceso es más complejo y, en general, decepcionante.
Así, por lo menos, lo señala un estudio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) dedicado a probar el funcionamiento del decreto del presidente Néstor Kirchner que, desde abril del año pasado, reglamenta el acceso a la información de la administración pública nacional.
El trabajo sostiene que, sobre 71 pedidos de información que hicieron los alumnos entre abril, mayo y junio de este año, el Poder Ejecutivo sólo respondió a 18, lo que representa el 25,4% de efectividad. De las 53 solicitudes no respondidas, seis se refieren a casos en los que se exigió al solicitante requisitos que no figuran en el decreto; en tres, las dependencias pidieron prórroga y luego no contestaron, y en 44 directamente no hubo respuesta.
El decreto fue sancionado en diciembre de 2003 y entró en vigor tres meses más tarde permite a los ciudadanos pedir información registrada en cualquier organismo del Poder Ejecutivo. Por medio de esta herramienta se pueden solicitar, por ejemplo, datos sobre los sueldos de los funcionarios, el presupuesto destinado a planes sociales y la distribución de los polémicos Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Se trata de la segunda medición que hacen alumnos de la materia Derecho a la Información (a cargo de los profesores Henoch Aguiar y Damián Loreti), de la carrera de Ciencias de la Comunicación. En la primera, a fines del año pasado, fueron contestados más de la mitad de los pedidos. Los resultados obtenidos en esta segunda experiencia muestran que, si bien era esperable que las autoridades mejoraran su aptitud para brindar información pública, ello no ocurrió”, dice el informe. “En algunos organismos se advierte una clara intención de boicotear la normativa y obstaculizar el acceso a la información”, concluye.
Los números del análisis contradicen la información que maneja el Gobierno, a la que accedió LA NACION por fuentes oficiales.
De acuerdo con esos datos, entre abril del año pasado y julio de este año hubo 386 pedidos, de los que se respondieron 370, lo que representa un 96 por ciento de efectividad. La Oficina Anticorrupción informó, además, que sólo recibió 21 denuncias por presuntos incumplimientos de dependencias del Poder Ejecutivo.
Los datos oficiales evidencian, de todos modos, uno de los tres problemas que -a criterio de las organizaciones civiles que más trabajan en el tema- registra la puesta en práctica del decreto, que es la escasa cantidad de pedidos de información: menos de uno por día.
Otra cuestión que señalan las organizaciones no gubernamentales (ONG) es el aparente choque entre el decreto y otras normas vigentes, como la ley de procedimientos administrativos, que exige mayor formalidad para pedir datos al Poder Ejecutivo.
El tercer problema es que el decreto podría quedar en desuso si el Congreso finalmente sanciona el proyecto de ley de acceso a la información, hoy demorado en el Congreso. El peligro que advierten las ONG es que la iniciativa que apoya el Gobierno limita el acceso a la información y no cumple con los estándares internacionales.
Consultada por LA NACION, la subsecretaria para la Reforma Institucional y el Fortalecimiento de la Democracia, Marta Oyhanarte, dependiente de la Jefatura de Gabinete, defendió el funcionamiento del decreto y sostuvo que “la modificación de la cultura del secreto no se logra de un día para el otro” (sobre lo que se informa por separado).
Experiencias
Entre los pedidos no respondidos por el Gobierno figura el que hizo Agostina Cianis, estudiante de comunicación. La alumna preguntó al Incucai la cantidad de donantes de órganos desde el año 2000 hasta la actualidad y el promedio de edad de los mismos. Su pedido, del 24 de mayo de este año, no obtuvo ninguna respuesta.
Dos de sus compañeros, Jorge Lucci y Nicolás Ciccarelli, solicitaron al Ministerio del Interior el listado de militares que cumplieron funciones en ese organismo durante la última dictadura militar, cuántos de ellos salieron del país tras el retorno de la democracia y con qué destinos. Por toda respuesta, la dependencia que conduce Aníbal Fernández los intimó a constituir domicilio en los términos de la ley de procedimientos administrativos. Esa condición no está prevista en el decreto.
El uso de la herramienta permitió conocer el número de la cuenta bancaria del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y su sueldo neto, 6000 pesos; estadísticas de secuestros exprés y otros delitos; la situación edilicia y presupuestaria de la UBA, y el número de denuncias de usuarios de telefonía que recibe la Comisión Nacional de Comunicaciones.
http://www.lanacion.com.ar/734052
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Polémica por el proyecto de ley
Varias ONG critican la iniciativa de acceso a la información que trata el Senado
http://www.lanacion.com.ar/734053
