Sunday, December 18, 2005

Argentina: La brutal sutileza de la censura

Una reciente investigación, llevada cabo por la ADC, sobre el otorgamiento de la publicidad oficial a los medios, revela que “el gobierno interfiere en las autonomías editoriales y ha tenido un importante efecto inhibitorio en el ambiente mediático y en el debate democrático“.

INFOCIVICA, 16 de diciembre de 2005).- El retiro de la publicidad oficial como represalia, la asignación discriminatoria de publicidad y subsidios ocultos, y el condicionamiento de contenido y despido de periodistas, son algunos de los efectos que más inciden en la supervivencia de los medios de comunicación argentinos.

Estos resultados son parte de la reciente investigación “Una Censura Sutil, abuso de publicidad oficial y otras restricciones a la libertad de expresión en Argentina”, publicado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Iniciativa Pro-Justicia de la Sociedad Abierta.

 La publicación, que es el resultado de más de un año de trabajo, aborda la distribución de la publicidad oficial y los diversos mecanismos de censura en el ámbito nacional y en las provincias de Córdoba, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego.

 Roberto Saba, director ejecutivo de la ADC, contó que “el interés fue mostrar como en Argentina existen prácticas que tienden a producir autocensura por parte de los medios, la llamada censura indirecta, y que son prácticas que no son abiertas, son mecanismos sutiles que operan de determinadas maneras y que producen un efecto silenciador en algunas voces”.

 El titular de la ONG aseguró que el libro es un aporte “no sólo para el periodismo sino para toda la sociedad que muchas veces deja de escuchar algunas voces y no sabe por qué”. Y opinó que “los esfuerzos del gobierno para interferir con la autonomía editorial han tenido un importante efecto inhibitorio en el ambiente mediático y en el debate democrático, tanto a nivel nacional como en las provincias estudiadas”.  

 Según el informe, “en el ámbito nacional, son menos los medios que dependen de la publicidad oficial para sobrevivir, lo que no impide que el gobierno nacional asigne publicidad por favoritismo político. Asimismo, funcionarios de alto rango del gobierno nacional y provincial habitualmente hacen objeto de presión e intimidación a los propietarios de medios, editores, e incluso a periodistas individuales”.

 La investigación confirma “la intromisión gubernamental con la libertad de los medios, en formas que van mucho más allá de los abusos relacionados con la publicidad. Los funcionarios del gobierno también han negado el acceso a instituciones e información nacionales como represalia por noticias críticas”.

 “En las provincias y a nivel nacional se evidencian numerosos obstáculos al buscar información pública sobre publicidad oficial. Córdoba es un ejemplo de ello, fue imposible conseguir información al respecto, sumado a las falencias que hay en el ejercicio del derecho de acceso a la información. Por lo tanto, se hicieron monitoreos durante un año para averiguar cómo funcionan estas prácticas en la provincia”, contó Saba.

 El libro señala como “preocupante” la situación de Córdoba, Río Negro y Neuquén en relación con “la contratación de la publicidad oficial por discriminatoria y con motivaciones políticas”. “En los gobiernos locales –incluyendo algunas municipalidades– usan la publicidad para tomar represalias contra medios cuya línea editorial es crítica, y para recompensar a aquellos de cobertura favorable”.

 “El poder que representa la publicidad se usa para forzar a los propietarios de medios y editores a despedir o marginar a periodistas críticos; castigarlos o usarlos para “marcar un ejemplo” de lo que no se debe hacer; y generar la muerte financiera de voces críticas” dice textualmente el documento.

 “El gobierno provincial de Neuquén ha puesto de manifiesto el abuso más intenso y agresivo de publicidad por medios políticos. Es sabido, por ejemplo, que contrata empresas privadas para controlar el contenido de los medios y su orientación editorial, y asignar posteriormente publicidad en función de los resultados. Gran parte de la publicidad oficial neuquina se distribuye a través de agencias de publicidad privadas que no están sujetas a ningún requisito de transparencia o de asignación justa” describe duramente el informe. También “en Tierra del Fuego, se exige a los organismos del gobierno que tomen decisiones relacionadas con la publicidad sobre la base de encuestas de circulación/audiencia de los medios”.

 En este último caso, “los pagos por publicidad frecuentemente no guardan relación con los escasos avisos publicados, sino que parecen estar dirigidos a comprar el silencio respecto de problemas y sucesos negativos, o una cobertura que no critique la versión del gobierno. Los funcionarios habitualmente envían gacetillas de prensa, o incluso artículos, que se publican textualmente y sin firma, y que aparecen como artículos independientes redactados por el personal del diario”.

 El informe de la ADC concluye con recomendaciones a los gobiernos, a las organizaciones de la sociedad civil, a los medios y a las asociaciones de periodistas.

 Los interesados pueden acceder al informe completo y a un resumen en la página www.adc.org.ar

 Para mayor información comunicarse con el Area de Prensa de la ADC, Mónica Baumgratz, a mbaumgratz@adc.org.ar, o a los teléfonos (011) 5236-0555/6, 4383-5805 o 15 5728 3191.

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Saturday, December 17, 2005

CHINA, CUBA Y ERITREA SON LOS PEORES CARCELEROS DE PERIODISTAS EN EL MUNDO

Ciento veinticinco periodistas y escritores de todo el mundo están tras
las rejas, dos tercios de ellos detenidos en China, Cuba, Eritrea y
Etiopía, según un nuevo análisis del Committee to Protect Journalists (Comité
por la Protección de los Periodistas, CPJ).

El conteo global ascendió en tres periodistas con respecto a los 122
periodistas encarcelados que el CPJ encontró en su estudio de 2004. El
análisis también demuestra que Estados Unidos es el sexto carcelero de
periodistas, apenas detrás de Uzbekistán. Cinco periodistas están
detenidos en centros de detención en Irak (http://www.cpj.org/attacks05/pages05/imprison_05.html#iraq)
y la baía de Guantánamo, Cuba (http://www.cpj.org/attacks05/pages05/imprison_05.html#us).

Las acusaciones de actuar en contra del Estado, que incluye la fuga de
secretos de estado y subversión, son los cargos más comunes que se usan
para encarcelar periodistas en todo el mundo, especialmente en China y
Cuba, dice el CPJ. El segundo cargo más común es la difamación penal,
con nueve periodistas y escritores actualmente encarcelados por esos
cargos.

El análisis del CPJ revela que las personas que usan Internet para
publicar o difundir información representan casi un tercio de los casos
que implican periodistas encarcelados. Actualmente hay cuarenta y uno
tras las rejas.

El conteo del CPJ incluye los periodistas que estaban encarcelados el 1
de diciembre de 2005.  No cuenta los periodistas que desaparecen o son
secuestrados por agentes que no forman parte del Estado, como bandas
criminales, rebeldes o grupos militantes. Esos casos se clasifican como
“desaparecido” o “secuestrado”.

Lea el análisis del CPJ aquí:
http://www.cpj.org/Briefings/2005/imprisoned_05/imprisoned_05._Sp.html

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CUBA: IMPIDEN A GRUPO DE MUJERES RECIBIR PREMIO DE DERECHOS HUMANOS

El Gobierno cubano impidió a un grupo de esposas y madres de disidentes
viajar a Estrasburgo, Francia, para aceptar un importante premio de
derechos humanos concedido por el Parlamento Europeo, dice Reporteros
sin Fronteras (RSF).

El grupo Las Damas de Blanco fue nombrado coganador del Premio Andrei
Sajarov para la Libertad de Pensamiento 2005, que se entregará en
Estrasburgo el 13 de diciembre de 2005. El grupo fue creado a principios
de 2004 por esposas y madres de unos 75 disidentes, entre ellos
periodista, escritores y bibliotecarios que fueron arrestados y
encarcelados en una ofensiva en 2003. Durante los dos años anteriores,
la mujeres marcharon por las calles de La Habana todos los domingos en
una protesta silenciosa contra el encarcelamiento de sus parientes.

Cinco representantes del grupo - Miriam Leiva, Laura Pollán, Loida Valdés,
Berta Soler y Julia Núñez - habían planeado volar a Francia el 11 de
diciembre pero no pudieron salir del país. En el momento de cerrar esta
edición, no habían recibido permiso oficial para hacerlo.

Según Human Rights Watch, el Gobierno Cubano niega sistemáticamente a
sus ciudadanos los derechos básicos a la libre expresión. Restringe casi
todas las vías de disenso político y usa advertencias policíacas,
espionaje, detenciones a largo plazo, arrestos domiciliarios,
restricciones de viaje, juicios penales y despidos con motivación política
como métodos para lograr la conformidad política. 

El Committee to Protect Journalists (Comité por la Protección de los
Periodistas, CPJ) dice que hay 24 reporteros, escritores y editores
encarcelados en Cuba, lo que la convierte en el segundo encarcelador de
periodistas del mundo, sólo detrás de China.

Para obtener información actualizada sobre la censura en Cuba, visite:
http://www.ifex.org/es/content/view/full/1426/

Visite estos vínculos:
- Perfil de Las Damas de Blanco: http://tinyurl.com/886pu
- RSF: http://www.rsf.org/article.php3?id_article=15892
- RSF acerca de por qué hace campaña acerca de Cuba:
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=14358
- Carta del CPJ al Gobierno cubano:
http://www.cpj.org/protests/05ltrs/Cuba13dec05pl_Sp.html
- Human Rights Watch:
http://www.hrw.org/spanish/inf_anual/2005/cuba.html#cuba
- Freedom House (Casa de la Libertad):
http://www.freedomhouse.org/media/pressrel/102705.htm
- SIP: http://sipiapa.com/cuba/espanol/default.htm
- Periodista extranjero narra semana en Cuba:
http://www.slate.com/id/2104649/entry/2104776/
- Servicio Inter Press: http://ipsnews.net/news.asp?idnews=30786

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Thursday, December 15, 2005

Argentina: Archivan denuncia contra periodista por libro sobre coimas en el Senado

Juan Gasparini fue acusado por calumnia e injurias tras publicar libro sobre coimas en el Senado.

Ex senador demandó a Gasparini por injuria y calumnia (www.gijonasturias.com)
 El juez federal Jorge Ballestero sobreseyó la semana pasada al periodista Juan Gasparini, que había sido querellado por el ex senador radical José Genoud, quien alegó calumnias e injurias en el libro “La injusticia federal”, donde se investigan las alternativas judiciales del sonado caso de las coimas del Senado, ocurrido en el año 2000, durante la presidencia de Fernando De la Rúa.

En su trabajo, Gasparini indagó sobre la abultada fortuna actual de Genoud, quien antes de ingresar en la función pública en 1983 carecía de bienes, siendo ahora propietario de una casa en la provincia de Mendoza, un campo en la provincia de San Luis, un departamento en la ciudad de Buenos Aires, además de inversiones y compra de caballos de carrera.

En el momento de producirse el pago de coimas a un grupo de senadores oficialistas y opositores para la aprobación de una polémica ley de Reforma Laboral –episodio que marcó el comienzo de la debacle del gobierno de De la Rúa, quien renunció a su cargo un año y medio después-, Genoud ocupaba el estratégico puesto de presidente provisional del Senado. Una vez que la denuncia tomó estado público, Genoud pasó a ser uno de los miembros del cuerpo legislativo que aparecía más implicado. En agosto de este año, el juez Daniel Rafecas lo procesó por cohecho, acusándolo de haber cobrado al menos 700 mil dólares de los 5 millones que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) destinó para comprar los votos de los senadores.

El libro de Gasparini, publicado el 2005, reveló los mecanismos de administración de los fondos reservados en ese organismo dependiente de la presidencia de la Nación, que los ha convertido en un “banco del gobierno de turno para reciclar dinero y corromper a funcionarios, testigos, periodistas y legisladores, y financiar irregularmente campañas políticas”.

De acuerdo a la información suministrada por la editorial Edhasa, que publicó el libro, la decisión del juez Ballestero no fue apelada por la defensa de Genoud, y obedeció, fundamentalmente, a que Genoud jamás aportó pruebas ni instó el proceso en procura de demostrar que Gasparini lo hubiera calumniado y/o injuriado, siendo archivada la querella.
 

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Argentina: Continuas amenazas a periodista de Córdoba por escribir sobre la dictadura

El libro describe la siniestra participación de ex efectivos de la policía

Saravia recibió también cartas intimidantes de ex efectivos (www.lavozdelinterior.com.ar)

El periodista Mariano Saravia, redactor del periódico La Voz del Interior, recibió desde julio pasado una serie de amenazas y denuncias judiciales tras la publicación de su libro “La sombra azul”. El libro describe la siniestra participación de ex efectivos pertenecientes a la policía de la provincia de Córdoba que actuaron en la represión ilegal perpetrada por los “grupos de tareas”, formados además por militares y agentes de seguridad, durante la última dictadura (1976-1983).

Tras la difusión del texto, el periodista fue víctima de una serie de amenazas a través de diferentes modalidades: al principio le colocaron diez balas en el frente de su casa, luego comenzaron a intimidarlo telefónicamente. Además, pudo ver a varios vehículos vigilando los movimientos de su domicilio y, por último, le arrojaron animales muertos en el patio de la casa y le pintaron una esvástica en la puerta. Hubo también indicios de que habían intentado ingresar al inmueble.

Los “grupos de tareas” eran organizaciones ilegales amparadas por el Estado (a cargo de una Junta Militar desde el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976), que en la Argentina impusieron el terror secuestrando, torturando, asesinando y haciendo desaparecer a miles de personas. En Córdoba, estos grupos actuaron bajo las órdenes del entonces jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez.

El trabajo de Saravia relataba además de qué manera buena parte de esos agentes continuaron actuando ilegalmente en la fuerza policial, acompañados de los nuevos integrantes que se fueron sumando hasta la actualidad.

El hilo conductor del libro es la historia novelada de Luis Urquiza, un policía que por no compartir los métodos ilegales de sus superiores, terminó preso y torturado por sus propios compañeros. En 1980 se exilió en Dinamarca, y regresó al país en 1993, a 10 años de la vuelta de la democracia. Pero a su regreso pudo comprobar que sus ex torturadores eran altos jefes policiales. Los denunció públicamente, se generó un escándalo político y volvieron las amenazas e intimidaciones, por lo que tuvo que regresar a Dinamarca en 1997. Se trata del único caso oficial de un exiliado político desde la recuperación de la democracia.

Luego de la publicación, el periodista recibió también varias cartas documentos firmadas por algunos de los personajes involucrados en su libro, algunos de los cuales están detenidos y son investigados por delitos de lesa humanidad. Entre ellos, Luis Manzanelli, Luis Gustavo Diedrich, José Hugo Herrera y Ricardo Lardone, quienes reclamaron a la justicia cordobesa que la publicación del texto les había perjudicado su “buen nombre y honor”.

Una de las demandas fue acogida por un juez, que procedió a embargar parte del sueldo del autor de “La sombra azul”. Frente a esta situación, diversas organizaciones gremiales y profesionales se manifestaron fuertemente contra las amenazas y presiones judiciales sobre Saravia. El Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba (CISPREN), manifestó en un comunicado “su solidaridad y repudio a las amenazas y persecución judicial y económica de la que está siendo víctima Saravia por su trabajo periodístico”.

Por su parte, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) también emitió un comunicado en el que manifestó su “rotundo rechazo a las amenazas físicas, económicas y judiciales que sufre el periodista”. El pronunciamiento, además, solicita a las autoridades provinciales que garanticen la seguridad física de Saravia, para que pueda continuar ejerciendo el periodismo con total libertad.

El periodista recibió la solidaridad de las organizaciones Abuelas de Plaza de Mayo e Hijos, y la Legislatura provincial aprobó por unanimidad una declaración de repudio por las intimidaciones que recibió.

Saravia agradeció el apoyo brindado por sus colegas de todo el país, y consideró que el ataque va más allá de su persona, ya que afecta a todos los que ejercen el periodismo en la Argentina. “Yo no sé cómo reaccionarán estos tipos, pero alguien normal tendría que reaccionar al ver tanto apoyo y fortaleza a nivel nacional”, señaló. Los colegas cordobeses de Mariano comentaron que el caso de Saravia es el más grave, pero que lamentablemente no se trata del único periodista amenazado en esa provincia. Hay varios que recibieron amenazas e intimidaciones en los últimos meses, y muchos piensan que no se tratan de casos aislados, sino que parece ser una metodología de presión muy recurrente.

Más información:

Comunicado de FOPEA

AMENAZAS A PERIODISTA CORDOBÉS

FOPEA (Foro de Periodismo Argentino), que reúne a más de cien periodistas de todo el país, manifiesta su rotundo rechazo a las amenazas físicas, económicas y judiciales que sufre el periodista Mariano Saravia luego de publicar su libro “La Sombra Azul”, donde denuncia la actuación de policías del llamado D2 en la represión ilegal de los años setenta en la provincia de Córdoba.

FOPEA solicita a las autoridades de la provincia de Córdoba que brinden a Saravia las garantías necesarias para seguir ejerciendo el periodismo con total libertad. Desde el mes de julio Saravia viene sufriendo amenazas. Primero desconocidos pusieron 10 balas en la puerta de su casa. Después aparecieron vehículos sospechosos frente a su domicilio, grafitis amenazantes y animales muertos en su patio. Además, actualmente recibe llamadas telefónicas amenazantes con música fúnebre o gritos.

Paralelamente, Saravia recibió cuatro cartas documento de personas mencionadas en su libro, que están vinculadas al general Luciano Benjamín Menéndez, quien fuera jefe del Tercer Cuerpo de Ejército donde funcionaron varios centro de detención clandestina durante la dictadura. FOPEA considera preocupante que este tipo de acción en la justicia civil ya haya impactado en la situación del periodista, que sufre mensualmente el embargo del 20 por ciento de su sueldo.
 

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Argentina: Jefe de Policía amenaza de muerte a director de semanario Análisis

(http://www.analisisdigital.com.ar)

Policía Ernesto Geuna amenazó a periodista en plena costanera de Paraná

En comunicado, periodistas de todo el país rechazan agresión.

El 25 de noviembre último, el jefe de la policía de Entre Ríos, Ernesto Geuna, amenazó de muerte y zamarreó al periodista Daniel Enz, director del semanario Análisis, uno de los medios más prestigiosos de la provincia. El hecho ocurrió en la vía pública, en plena costanera de la ciudad de Paraná. De acuerdo con el relato de Enz, Geuna lo encaró en la calle y le gritó: “No te metas más conmigo, porque se me va a salir la cadena y te voy a hacer mierda. No sabés con quién te estás metiendo”. Esa misma mañana, el periodista presentó una denuncia ante la justicia, y le contó a la fiscal Elisa Zilly que el agresor hizo una maniobra en U con su automóvil para estacionar el vehículo en un lugar para esperar al periodista e increparlo con violencia.

El periodista había publicado en Análisis una serie de denuncias periodísticas sobre irregularidades en la institución policial. Horas más tarde Geuna renunció a su cargo, pero frente a la demanda judicial en su contra, encargó su defensa a Marcos Rodríguez Allende, abogado que integra además la oficina de Asuntos Legales del Ente Provincial de Energía, lo cual refuerza el sentido de gravedad institucional que revistió el hecho. En su primer contacto con la justicia, Geuna declaró que había sido Enz el que lo había amenazado. A la salida les dijo a los periodistas que había concurrido espontáneamente para notificarse de la denuncia en su contra y que seguía “siendo el mismo ciudadano o persona que vuelve a caminar la calle sin problemas y recibiendo el calor y la amistad de los policías”. Su abogado indicó a la prensa que “esta mendaz presentación seguramente será aclarada y, una vez que eso ocurra, se accionará para reparar el daño moral producido a Geuna”.

La preocupación por este episodio se sumó a la cuestionable actitud que días atrás había tenido el gobernador de la misma provincia, Jorge Busti, quien calificó al periodista Daniel Tirso Fiorotto, corresponsal del diario La Nación, como “enemigo declarado del gobierno provincial”.

El 2 de diciembre medio centenar de periodistas de Entre Ríos se dieron cita en un hotel de Paraná para dar a conocer un documento público, que fue rubricado por colegas de todo el país, en el que se solidarizan con los periodistas agredidos y amenazados, se repudia las actitudes de Geuna y Busti, se expresa la preocupación por el clima de creciente violencia y presiones que viven los trabajadores de prensa de esa provincia, y se le exige al gobernador que “cesen el avasallamiento y las intimidaciones”.

En el encuentro, Daniel Enz señaló que “las amenazas buscan instalar un mensaje de miedo a todos aquellos que ejerzan el periodismo e intenten expresar libremente las ideas, pero además queda demostrado el respaldo que tiene todavía del gobierno de Busti”. Por su parte, una de las organizadoras de la convocatoria, Sandra Miguez se refirió a los actos de violencia e intimidación que han recrudecido en los últimos años en Entre Ríos. “Lo que pasó en los últimos días –dijo-, muestra un estado de total impunidad y una presión muy directa contra la libertad de expresión”.

En el texto del comunicado se destaca que todo esto sucede “bajo el telón de fondo de una notable incidencia del gobierno en el sistema de medios de comunicación de la provincia, que corren el riesgo de ser desnaturalizados en su función y convertidos en meros órganos de propaganda”.

Más información:

Comunicado de los periodistas rechazando agresión >>>>>

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Wednesday, December 14, 2005

Argentina: Mayoría de periodistas considera gobierno de Kirchner el más opresor en veinte años

Dependencia de la publicidad oficial y falta de profesionalización fueron consideradas principales trabas.

Foro de Periodismo Argentino, Buenos Aires. Como resultado de un estudio realizado entre junio y noviembre de 2005, periodistas de Buenos Aires y 17 provincias del país revelaron sus principales preocupaciones y problemas a la hora de ejercer la profesión. Los resultados expresan una dura autocrítica y los condicionamientos que hoy limitan la libertad de expresión.

La mitad de los periodistas consultados consideró que los principales problemas de su profesión son la dependencia de la publicidad oficial y la falta de profesionalización. Así lo indica un trabajo encargado por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y realizado por Jorge Giacobbe y Asociados a 282 periodistas de la Ciudad de Buenos Aires y 17 provincias del país.

Los objetivos del estudio fueron impulsar un debate que una organización no puede dar en soledad y servir de disparador sobre los principales problemas de la profesión: abordar el reclamo de autocrítica desde dentro y fuera del periodismo, la autoconciencia de los periodistas sobre sus debilidades para enfrentar un escenario que plantea nuevas complejidades, la libertad de expresión.

De los resultados se desprende una fuerte autocrítica, dado que admiten que de 1 a 10 el nivel ético promedio está por debajo de los 5 puntos (más del 95 por ciento ha tenido conocimiento directo de actitudes no éticas de sus colegas) y el rigor profesional apenas supera esa calificación. Reconocen de manera casi unánime la necesidad de profundizar la formación académica y admiten su propia necesidad de mayor capacitación. Si bien el 45 por ciento asegura que su principal motivación es la vocación periodística y el 43 por ciento siente placer al practicarla, el mismo porcentaje se reparte sensaciones de contradicción y frustración.

Parece plasmarse, en ese sentido, un correlato con el nivel de independencia en la profesión. Por un lado, los encuestados miden su autonomía en casi 7 puntos. Sin embargo, el 60 por ciento califica al periodismo argentino como “condicionado” y casi el 30 lo considera “complaciente”. Siete de cada 10 periodistas perciben influencias del departamento comercial en la redacción de sus medios.

El 18 por ciento sostiene que en la empresa periodística en la que trabaja no hay libertad para publicar todo tipo de noticias y más del 47 por ciento señala que esa libertad es parcial. El 52 por ciento asegura haber recibido llamadas coercitivas de parte de funcionarios públicos: en el 48 por ciento de esos casos, el medio siguió adelante con la publicación, pero en la misma proporción la nota se levantó o fue modificada, o el periodista sufrió represalias a nivel laboral o personal. Casi el 39 por ciento de los encuestados respondió que la gestión presidencial en la que hubo mayor presión coercitiva oficial hacia el periodismo es la actual de Néstor Kirchner, mientras un 25 por ciento consideró que fue igual en todas las gestiones desde 1983.

La visión de los periodistas sobre el futuro de la profesión parece sombría. Sólo el 39 por ciento considera que mejorará, el 36 que seguirá igual y el 21 que será peor.

Disparar el debate, no cerrarlo

“Si queremos mejorar la calidad del periodismo desde el debate, la capacitación y la elevación de los estándares éticos, necesitamos conocer los datos de la realidad en la profesión”, explicó Daniel Santoro, presidente de FOPEA. “Por eso propusimos a través de esta encuesta enviada a 400 periodistas en ejercicio del todo el país, una automirada, que dio como resultado un crudo diagnóstico sobre la realidad del periodismo en Argentina y su relación con el poder. La crudeza de este diagnóstico revela la necesidad de organizarse para enfrentarlo”, enfatizó el periodista durante la conferencia de prensa realizada en el auditorio de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales.

Jorge Giacobbe, titular de la empresa que realizó el estudio, explicó que la modalidad de consulta fue a sobre cerrado y sin identificación para garantizar al encuestado la confidencialidad de sus opiniones. “El 70 por ciento de los cuestionarios entregados fue respondido. Cifra que destaca la confianza depositada en FOPEA y en el uso que se iba a hacer de información realmente comprometida, como lo muestran los resultados”, destacó el investigador.

Santoro completó aclarando que se privilegió un contacto personal, lento y paulatino con los encuestados, sin urgencia y dando lugar a la reflexión. “Se buscó lograr un trabajo de carácter no coyuntural y por ello se decidió realizarla a lo largo de cinco meses y presentarla con posterioridad a las elecciones del 23 de Octubre”, confió.

Giacobbe recorrió el cuestionario haciendo aclaraciones técnicas y deteniéndose en datos que tal vez no fuera perceptibles en la lectura fría de los números. En cuanto a la preguntas sobre el nivel de rigurosidad y de ética entre los periodistas, destacó que ninguno de los 282 consultados le asignó calificación superior a 8. Cuando se les preguntó sobre la formación de los futuros periodistas, las calificaciones fueron llamativamente bajas, “un llamado de atención a las instituciones educativas”.

Santoro explicó que el trabajo es fruto de una coincidencia de intereses con Giacobbe y Asociados, que realizó la pesquisa bajo su propio costo. “FOPEA planteó las áreas temáticas y la consultora aportó su experiencia en la constitución del cuestionario y su procesamiento”, comentó.

“Este trabajo es un punto de partida. No es el cierre de nada, sino que apuntamos a que sea disparador de un debate que debemos y nos debemos los periodistas desde hace muchos años. En FOPEA trabajamos para que esta discusión no se abandone y nos guíe a consensuar algunas referencias que sirvan para hacer un periodismo acorde a las complejidades que plantea nuestra realidad”.

Más información:

- Ver estudio completo >>>>> 
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Ver tambien informe de la SIP

http://www.sipiapa.org/espanol/pulications/informe_argentina2005o.cfm

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Thursday, December 8, 2005

Venezuela: Administración pública no garantiza acceso a la información a periodistas


Ciudadanía desconoce mecanismos para acceder a información

(www.ild.org.pe)

Venezuela vive un momento crucial en materia de derechos humanos y participación ciudadana. Sin embargo -y aunque el tema de la democracia participativa y protagónica está en boca de todos- todavía la ciudadanía no tiene una cultura contralora orientada hacia la petición de información pública, ni los organismos gubernamentales el otorgamiento de información pública.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 28 establece que “toda persona (…) podrá acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas”. No obstante, son muchas las preguntas que quedan sin respuestas.

Sin embargo -y a pesar de que mucho se habla de la libertad de expresión e información-, poco se dice de los mecanismos que deben existir para garantizar el acceso a la información pública, imprescindible para hacer un periodismo serio y comprometido y garantizar el control sobre las políticas públicas.

En el diario trajinar, más de un reportero ha regresado a su medio sin un dato, porque los funcionarios públicos mantienen la cultura del secreto, y muchas veces no tienen registros o datos precisos para enriquecer la investigación periodística. Aunque la Carta Magna consagra el derecho a acceder a la información pública, aún no hay una ley que regule esta materia.

La polarización política del país ha incidido notoriamente en las restricciones al acceso a la información pública. Además hay poca voluntad política para que se respete la libertad de expresión -en todas sus dimensiones: buscar, recibir y difundir ideas-, lo que atenta contra los periodistas en su ejercicio, pero sobre todo contra los ciudadanos que ven vulnerados sus derechos, incluso de participación política.

Como ha señalado la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la Libertad de Expresión, “la falta de participación de la sociedad en el conocimiento de información que los afectaría directamente impide el desarrollo amplio de sociedades democráticas exacerbando posibles conductas corruptas dentro de la gestión gubernamental y promoviendo políticas de intolerancia y discriminación. La inclusión de todos los sectores de la sociedad en los procesos de comunicación, decisión y desarrollo es fundamental para que sus necesidades, opiniones e intereses sean contemplados en el diseño de políticas y en la toma de decisiones.”

Un caso dramático que ejemplifica el problema es el que a diario viven los reporteros que cubren la fuente política o judicial, quienes se han tenido que conformar con frases como “no pueden entrar por órdenes de arriba” o “son órdenes de Caracas”, acompañadas muchas veces por malos tratos de los funcionarios públicos. Esta situación se genera por desconocimiento de los derechos y deberes de ambos actores.

En América Latina se ha generado un intenso debate en torno al tema del acceso a la información. La reciente aprobación de leyes en México, Nicaragua y República Dominicana; los proyectos en Argentina, Ecuador, Honduras, Uruguay; y los exhortos de la Organización de Estados Americanos y de la Relatoría de Libertad de Expresión para que se legisle sobre la materia revelan la imperiosa necesidad de generar mecanismos de transparencia.
En el informe de 2004 de la Relatoría se señala que “la elaboración de un régimen de acceso a la información que cumpla con los requisitos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es una tarea más compleja que la de simplemente declarar que el público puede tener acceso a la información en poder del Estado”.

El texto continúa señalando que “existen características legislativas y procesales específicas que deben estar implícitas en todo régimen de acceso a la información, incluido el principio de la máxima divulgación, la presunción del carácter público con respecto a las reuniones y los documentos fundamentales, amplias definiciones del tipo de información a la que se puede tener acceso, tarifas y plazos razonables, un examen independiente de las denegaciones de acceso y sanciones por incumplimiento. Inclusive cuando están presentes todas estas características, la ley de acceso a la información podría no estar totalmente lograda sin la firme voluntad política de implementarla y sin la presencia de una sociedad civil activa”. A pesar de esto, Venezuela continúa sin una ley de acceso a la información.
 

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Venezuela: Normas del Palacio de Justicia alientan cultura del secretismo

A pesar de que la Constitución y convenios internacionales establecen que ciudadanos pueden recibir información.

Desde el pasado 8 de noviembre, los periodistas que acuden al Palacio de Justicia de Caracas en busca de información deben respetar nuevas normas. “Ningún reportero puede transitar por los tribunales de Control, hacer tomas en otro sitio que no sea la sala de prensa, ni registrar declaraciones de personas vinculadas a otras actividades que no sean juicios”, según explicó el periodista de Globovisión José Vicente Antoneti.

Estas reglas, impuestas por la presidenta del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana, Belkys Cedeño, luego de que una ex jueza denunciara irregularidades en su destitución en la sala de prensa de ese recinto, han convertido la labor periodística dentro de esa institución en una actividad restringida, que vulnera el derecho a la libertad de expresión que, según la Convención Americana de Derechos Humanos, “comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”.

Ésta no es la primera vez que se anuncian restricciones dentro del Palacio de Justicia. El pasado 11 de abril se prohibió la entrada de los periodistas a la sede judicial por órdenes de Cedeño; pero días después se resolvió darles paso. A partir de ese momento, los reporteros no pueden hacer entrevistas en los pasillos y están confinados a la sala de prensa, que, según Edgar López, reportero de El Universal, “es un invento de la presidenta del Circuito para controlar la circulación de información”.

Anthony Caldarella, inspector de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), ratifica la existencia de las mencionadas normas y las justifica diciendo que ponen orden en el Palacio, porque “los periodistas lo que quieren es andar por los pasillos molestando a los demás”.

Ante la prohibición de circular por los tribunales de Control, el alguacil Carlos Lotuffo argumenta que la medida es igual para todos, periodistas o no, pues pretende resguardar la seguridad de las víctimas y los imputados.

Para López, la verdadera razón de esta medida es evitar que se filtre a la prensa alguna información vinculada con los autores intelectuales del asesinato del fiscal Danilo Anderson, quien llevaba los casos del golpe de Estado de 2002 y supuestamente involucrado en una red de extorsión.

Pero más allá de las cuestiones de forma, el derecho ciudadano a la información, contemplado en el artículo 58 de la Constitución, está siendo vulnerado. Para Andrés Cañizalez, director del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, estas normas pueden ser legales, pero de ninguna forma legítimas, porque contradicen el “deber ser” establecido en los convenios internacionales sobre libertad de expresión. En ese mismo sentido, Carlos Correa, director del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), asegura que con estas restricciones se está alimentando la cultura del secretismo dentro de una institución pública, una conducta impropia de la democracia.

Restricciones limitan acceso a tribunales de justicia (www.cajpe.org)

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Chile: Evalúan a instituciones públicas y privadas en II Barómetro de acceso a información pública.

Poder Judicial: institución pública de más difícil acceso, según periodistas

Santiago de Chile. Ciento veintiún periodistas de cuarenta y tres medios nacionales y regionales contestaron la encuesta de la Universidad Diego Portales y la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) sobre los avances y dificultades en materia de acceso a información durante el 2005. Las instituciones públicas y privadas mejor y peor evaluadas y una escasa autocrítica de parte de los mismos profesionales son algunas de las conclusiones que se desprenden de la segunda versión de este estudio.

Tomando el pulso

Como explicó Guillermo Turner, director de la Fundación de la Prensa, dependiente de la ANP, “buscamos un indicador anual de cómo los periodistas están percibiendo el acceso a la información”.

Así, los periodistas sienten que la institución pública de más difícil acceso es el Poder Judicial y lo califican con apenas un 3.24 en la escala del 1 al 7. Su equivalente en el ámbito privado son empresas de telecomunicaciones: Telefónica CTC Chile y Manquehue Net, ambas evaluadas con poco más de un 3. De hecho, siete de las diez instituciones peor evaluadas por los periodistas corresponden a empresas privadas. La nota es el promedio de evaluación considerando la disposición, la confiabilidad y precisión de la información y la entrega oportuna de ésta.

Al otro extremo de la tabla nos encontramos con que los periodistas chilenos valoran positivamente a Carabineros (policía uniformada), asignándole poco más de un 5; sin embargo, es apenas suficiente.

El presidente de Proacceso, Juan Pablo Olmedo, cree que el barómetro es una “buena iniciativa, pero perfectible en el tiempo” y sugiere incorporar los estándares legales comprometidos para tener más claridad en esta materia. Esto, ya que una respuesta oportuna para el periodista puede que no coincida con lo que la norma impone a los funcionarios públicos. En el caso de la ley chilena son 48 horas.

En cuanto a los mecanismos más efectivos para acceder a la información, los periodistas encuestados nombran mayoritariamente el contacto personal, formal o informal, mientras que los menos efectivos son los comunicados o notas de prensa.

Entre las principales dificultades experimentadas durante el último año se cuentan la no respuesta ante llamados telefónicos, la entrega de información bajo el “off the record” y la intermediación de empresas de comunicación o de lobby. El director de La Tercera, Cristian Bofill, cree que ésta es una función legítima pero que hay que regular. “Las empresas de comunicaciones tienen funciones distintas a las del periodismo: administran el silencio. Se establece entre periodistas y empresas un duelo: Los periodistas le sacan información y las empresas quieren quedar lo mejor posible. Y las empresas de comunicación saben jugar muy bien con nuestra competitividad”, en el sentido de ofrecer exclusivas con condiciones. Pero aceptarlas o no, dice Bofill, es responsabilidad de los medios y no de estas empresas.

En el caso del “off the record”, Bofill lo defiende y justifica en una sociedad pequeña como la chilena, donde el poder está concentrado y siempre y cuando sea contrastado con otras herramientas de reporteo.

Prensa sin autocrítica

Para el 60% de los encuestados, entre los principales responsables de dificultar el acceso a la información pública en Chile están las instituciones y un 20% sostiene que se debe a la autocensura de los mismos medios de comunicación. En una primera lectura, la conclusión parece desalentadora. Como lo señaló Turner, “uno observa que periodistas tienen restricciones que tienen más que ver con los comportamientos de las fuentes que con la situación legal”.

Sin embargo, Cristian Bofill cree más bien que refleja poca autocrítica de parte de los mismos periodistas. Según el director de La Tercera, “bajo esta encuesta, nosotros estaríamos haciendo excelente nuestro trabajo. No podemos seguir como periodistas creyendo que todos nuestros problemas son por culpa de otros”.

Según Bofill, “los periodistas deben aplicar los altos estándares que le exigen a los demás”. En caso contrario, sostiene, la prensa perderá credibilidad. “Les pedimos a los demás que no sean arrogantes y que renuncien a sus pegas (trabajos) cuando se equivocan, pero no aplicamos los mismos criterios a nuestro trabajo”, remató Bofill.

En una línea complementaria con la de Bofill, Juan Pablo Olmedo sostiene que la encuesta refleja “prácticas del periodismo que también caen en este juego de la tradición de secreto”. En comparación, el director de Proacceso destacó las buenas prácticas de la prensa de otros países, como Estados Unidos o Inglaterra, que “ejercen activamente el derecho de acceso a la información, van a tribunales”. En cambio, lamentó, “en acceso a información, el litigio por parte de un medio de comunicación es algo nuevo en este país. No tenemos ningún caso de medio de comunicación nacional que lo haya hecho, aunque sí está el caso de El Comercio de Perú con el respaldo de la ANP”. Ahí, concluyó Olmedo, “hay un desafío para los medios”.

Pero Bofill apunta sobre todo a las prácticas periodísticas que, en esta ocasión, se esconden tras las deficiencias institucionales y legales que dificultan el acceso a la información. Así, asegura que a la prensa chilena le falta cultura para trabajar con documentos. “Hay una serie de informaciones que están durmiendo en reparticiones públicas. Como periodistas nos cuesta investigar con documentos, que no sea el contacto directo con personas o autoridades. Muchas veces reportear es quemarse las pestañas leyendo documentos”. De hecho, el barómetro señala que los periodistas casi no consultan los archivos institucionales.

El ministro secretario general de Gobierno, Osvaldo Puccio, cree que también hay que reconocer el sesgo de la encuesta cuando los consultados son los periodistas. “Porque acá estamos frente a dos temas culturales: Una es esta cultura del secretismo. Pero hay una segunda cultura: frente a este secretismo, la tendencia periodística tiene una compulsión a ver la fuente no como un socio en la entrega y la mediación de la verdad, sino como un personaje con el cual hay que ser inquisitivo, porque se presume que la fuente no quiere entregar la información. Y por parte de la prensa, sobre todo de la prensa de las características de estructura de la chilena, hay una gran preferencia por una cierta impunidad”.

Qué falta, qué sobra

La encuesta se aplicó entre agosto y septiembre del 2005, coincidiendo con la discusión final y la aprobación de las reformas constitucionales, en el congelador desde principios de los ’90. En ese marco, se aprobó el artículo 8º de la Constitución que señala que el Estado actuará con probidad y transparencia.

De hecho, el presidente del Senado, Sergio Romero, señaló que los resultados del barómetro favorables a varias instituciones públicas “habla muy bien de la institucionalidad. Es un avance, lo que se ha fortalecido con el debate sobre reformas en materia de acceso a la información”.

Juan Pablo Olmedo valora la reforma constitucional. Sin embargo, cree que es insuficiente en la medida que “no clarifica que estamos ante un derecho fundamental y mantiene esta causal de reserva y secreto que es el buen funcionamiento del órgano requerido. Eso es riesgoso porque es la apertura a la discrecionalidad”. Causal que ha sido objeto de reproche internacional en el marco del seguimiento a la Convención Interamericana Contra la Corrupción.

Cristian Bofill concuerda en ser cauteloso a la hora de aplaudir la reforma porque, por ejemplo, “se rechazó eliminar el carácter de secreto de las sesiones del Senado para nombrar miembros de la Corte Suprema”.

Así, Olmedo reiteró la propuesta de Proacceso de crear un estatuto legal propio para el derecho de acceso a la información pública, más allá del proyecto de reforma a la ley de bases generales de la Administración del Estado, actualmente en discusión parlamentaria. La normativa específica, según Proacceso, debiera incluir una ley de archivo ya que “es difícil pedirle a los funcionarios la entrega de documentos si no tienen las herramientas para archivarlos”. Y reiteró la necesidad de un rol activo por parte del Estado para promover una cultura de transparencia a través de la acción de una institucionalidad diseñada para los efectos, tomando como referencia la experiencia mexicana y británica.

Porque finalmente, dice Olmedo, “el esfuerzo legislativo es insuficiente para efectos del cambio cultural al que nos referimos. En última instancia, es un tema de cultura y la cultura la hacemos entre todos. Las buenas prácticas del estado, la sociedad civil, los medios de comunicación, deben ir avanzando para lograr que al final quede erradicado la tradición del secreto”.

El ministro secretario general de Gobierno, Osvaldo Puccio, reconoció que hay consenso en que la legislación es perfectible. Sin embargo, señaló también que esto tiene que ver con qué sociedad queremos construir: “el plano legislativo otorga recién la base, el marco necesario para ir más allá. En una cultura distinta de cómo y de qué manera los chilenos somos informados, nos informamos, accedemos y entregamos información”.

Según Puccio, “la prensa y el parlamento, entre otros actores, deben llevar adelante este debate en forma inteligente y creativa, para proponer esta tendencia al mejor acceso a la información no solo porque se entrega más sino porque se busca mejor”.

Más información

- Ver estudio completo de II Barómetro sobre acceso a la información >>>>>

- Ver informe de seguimiento de la OEA a la Convención Interamericana contra la Corrupción >>>>>

- Para consultar la Convención Intermaricana contra la Corrupción >>>>

- Proacceso: www.proacceso.cl

- Asociación Nacional de la Prensa www.anp.cl
http://www.ipys.org/

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