PERIODISMOSOCIAL

Como explicó Guillermo Turner, director de la Fundación de la Prensa, dependiente de la ANP, “buscamos un indicador anual de cómo los periodistas están percibiendo el acceso a la información”.

Así, los periodistas sienten que la institución pública de más difícil acceso es el Poder Judicial y lo califican con apenas un 3.24 en la escala del 1 al 7. Su equivalente en el ámbito privado son empresas de telecomunicaciones: Telefónica CTC Chile y Manquehue Net, ambas evaluadas con poco más de un 3. De hecho, siete de las diez instituciones peor evaluadas por los periodistas corresponden a empresas privadas. La nota es el promedio de evaluación considerando la disposición, la confiabilidad y precisión de la información y la entrega oportuna de ésta.

Al otro extremo de la tabla nos encontramos con que los periodistas chilenos valoran positivamente a Carabineros (policía uniformada), asignándole poco más de un 5; sin embargo, es apenas suficiente.

El presidente de Proacceso, Juan Pablo Olmedo, cree que el barómetro es una “buena iniciativa, pero perfectible en el tiempo” y sugiere incorporar los estándares legales comprometidos para tener más claridad en esta materia. Esto, ya que una respuesta oportuna para el periodista puede que no coincida con lo que la norma impone a los funcionarios públicos. En el caso de la ley chilena son 48 horas.

En cuanto a los mecanismos más efectivos para acceder a la información, los periodistas encuestados nombran mayoritariamente el contacto personal, formal o informal, mientras que los menos efectivos son los comunicados o notas de prensa.

Entre las principales dificultades experimentadas durante el último año se cuentan la no respuesta ante llamados telefónicos, la entrega de información bajo el “off the record” y la intermediación de empresas de comunicación o de lobby. El director de La Tercera, Cristian Bofill, cree que ésta es una función legítima pero que hay que regular. “Las empresas de comunicaciones tienen funciones distintas a las del periodismo: administran el silencio. Se establece entre periodistas y empresas un duelo: Los periodistas le sacan información y las empresas quieren quedar lo mejor posible. Y las empresas de comunicación saben jugar muy bien con nuestra competitividad”, en el sentido de ofrecer exclusivas con condiciones. Pero aceptarlas o no, dice Bofill, es responsabilidad de los medios y no de estas empresas.

En el caso del “off the record”, Bofill lo defiende y justifica en una sociedad pequeña como la chilena, donde el poder está concentrado y siempre y cuando sea contrastado con otras herramientas de reporteo.

Prensa sin autocrítica

Para el 60% de los encuestados, entre los principales responsables de dificultar el acceso a la información pública en Chile están las instituciones y un 20% sostiene que se debe a la autocensura de los mismos medios de comunicación. En una primera lectura, la conclusión parece desalentadora. Como lo señaló Turner, “uno observa que periodistas tienen restricciones que tienen más que ver con los comportamientos de las fuentes que con la situación legal”.

Sin embargo, Cristian Bofill cree más bien que refleja poca autocrítica de parte de los mismos periodistas. Según el director de La Tercera, “bajo esta encuesta, nosotros estaríamos haciendo excelente nuestro trabajo. No podemos seguir como periodistas creyendo que todos nuestros problemas son por culpa de otros”.

Según Bofill, “los periodistas deben aplicar los altos estándares que le exigen a los demás”. En caso contrario, sostiene, la prensa perderá credibilidad. “Les pedimos a los demás que no sean arrogantes y que renuncien a sus pegas (trabajos) cuando se equivocan, pero no aplicamos los mismos criterios a nuestro trabajo”, remató Bofill.

En una línea complementaria con la de Bofill, Juan Pablo Olmedo sostiene que la encuesta refleja “prácticas del periodismo que también caen en este juego de la tradición de secreto”. En comparación, el director de Proacceso destacó las buenas prácticas de la prensa de otros países, como Estados Unidos o Inglaterra, que “ejercen activamente el derecho de acceso a la información, van a tribunales”. En cambio, lamentó, “en acceso a información, el litigio por parte de un medio de comunicación es algo nuevo en este país. No tenemos ningún caso de medio de comunicación nacional que lo haya hecho, aunque sí está el caso de El Comercio de Perú con el respaldo de la ANP”. Ahí, concluyó Olmedo, “hay un desafío para los medios”.

Pero Bofill apunta sobre todo a las prácticas periodísticas que, en esta ocasión, se esconden tras las deficiencias institucionales y legales que dificultan el acceso a la información. Así, asegura que a la prensa chilena le falta cultura para trabajar con documentos. “Hay una serie de informaciones que están durmiendo en reparticiones públicas. Como periodistas nos cuesta investigar con documentos, que no sea el contacto directo con personas o autoridades. Muchas veces reportear es quemarse las pestañas leyendo documentos”. De hecho, el barómetro señala que los periodistas casi no consultan los archivos institucionales.

El ministro secretario general de Gobierno, Osvaldo Puccio, cree que también hay que reconocer el sesgo de la encuesta cuando los consultados son los periodistas. “Porque acá estamos frente a dos temas culturales: Una es esta cultura del secretismo. Pero hay una segunda cultura: frente a este secretismo, la tendencia periodística tiene una compulsión a ver la fuente no como un socio en la entrega y la mediación de la verdad, sino como un personaje con el cual hay que ser inquisitivo, porque se presume que la fuente no quiere entregar la información. Y por parte de la prensa, sobre todo de la prensa de las características de estructura de la chilena, hay una gran preferencia por una cierta impunidad”.

Qué falta, qué sobra

La encuesta se aplicó entre agosto y septiembre del 2005, coincidiendo con la discusión final y la aprobación de las reformas constitucionales, en el congelador desde principios de los ’90. En ese marco, se aprobó el artículo 8º de la Constitución que señala que el Estado actuará con probidad y transparencia.

De hecho, el presidente del Senado, Sergio Romero, señaló que los resultados del barómetro favorables a varias instituciones públicas “habla muy bien de la institucionalidad. Es un avance, lo que se ha fortalecido con el debate sobre reformas en materia de acceso a la información”.

Juan Pablo Olmedo valora la reforma constitucional. Sin embargo, cree que es insuficiente en la medida que “no clarifica que estamos ante un derecho fundamental y mantiene esta causal de reserva y secreto que es el buen funcionamiento del órgano requerido. Eso es riesgoso porque es la apertura a la discrecionalidad”. Causal que ha sido objeto de reproche internacional en el marco del seguimiento a la Convención Interamericana Contra la Corrupción.

Cristian Bofill concuerda en ser cauteloso a la hora de aplaudir la reforma porque, por ejemplo, “se rechazó eliminar el carácter de secreto de las sesiones del Senado para nombrar miembros de la Corte Suprema”.

Así, Olmedo reiteró la propuesta de Proacceso de crear un estatuto legal propio para el derecho de acceso a la información pública, más allá del proyecto de reforma a la ley de bases generales de la Administración del Estado, actualmente en discusión parlamentaria. La normativa específica, según Proacceso, debiera incluir una ley de archivo ya que “es difícil pedirle a los funcionarios la entrega de documentos si no tienen las herramientas para archivarlos”. Y reiteró la necesidad de un rol activo por parte del Estado para promover una cultura de transparencia a través de la acción de una institucionalidad diseñada para los efectos, tomando como referencia la experiencia mexicana y británica.

Porque finalmente, dice Olmedo, “el esfuerzo legislativo es insuficiente para efectos del cambio cultural al que nos referimos. En última instancia, es un tema de cultura y la cultura la hacemos entre todos. Las buenas prácticas del estado, la sociedad civil, los medios de comunicación, deben ir avanzando para lograr que al final quede erradicado la tradición del secreto”.

El ministro secretario general de Gobierno, Osvaldo Puccio, reconoció que hay consenso en que la legislación es perfectible. Sin embargo, señaló también que esto tiene que ver con qué sociedad queremos construir: “el plano legislativo otorga recién la base, el marco necesario para ir más allá. En una cultura distinta de cómo y de qué manera los chilenos somos informados, nos informamos, accedemos y entregamos información”.

Según Puccio, “la prensa y el parlamento, entre otros actores, deben llevar adelante este debate en forma inteligente y creativa, para proponer esta tendencia al mejor acceso a la información no solo porque se entrega más sino porque se busca mejor”.

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